Ministerios analizan borrador de ajustes a pensiones de FF.AA.

Un plazo de 45 días dio la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a los ministerios de Justicia, Trabajo y Previsión Social e Interior; para que entreguen una propuesta de mejora al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Aunque el plazo se cumple este 18 de octubre, y la propuesta aun no se despacha a la Mandataria, el borrador ya estaría en manos de los ministerios para su análisis final previo a presentación al Ejecutivo. Esto, a casi un mes del cierre de las mesas de trabajo, de las cuales se concluyó la elaboración de una consolidación de las propuestas.

Se espera que el contenido del documento no difiera mayormente de las ideas preliminares respecto de los cambios en debate entre las carteras, conocidas hace un mes.

De este modo, el foco de la propuesta atenderá sólo el mandato hecho por el Ejecutivo en el discurso del pasado 10 de agosto, de la mano del envío al congreso de los tres proyectos de Ley que conforman la Reforma al sistema de Pensiones. Este es solucionar particularmente las irregularidades detectadas en algunas pensiones de inutilidad (similar a una invalidez en el sistema de pensiones de AFP) otorgadas a ex funcionarios de las FF.AA., que dieron cuenta de la existencia de personas que actualmente reciben hasta cuatro pensiones de este tipo, pudiendo -a pesar de ello- ejercer labores profesionales en ámbitos distintos de la Defensa.

La meta del Gobierno es homologar "en lo pertinente", los sistemas de pensiones del ámbito civil en materia de invalidez, con el modelo de jubilaciones de inutilidad de los ex uniformados.

Ello implica, por ejemplo, crear o establecer una instancia revisora sobre el sistema de otorgamiento de estos beneficios, que tenga la facultad de revisar los diagnósticos de las comisiones médicas de las ramas del Ejército que validan el otorgamiento de la inutilidad y que, hasta ahora, no pueden ser conocidos ni siquiera por la Contraloría General de la República. Ademas, la comisión triministerial estudia reducir el período de revisión de los diagnósticos y acortar el plazo post retiro de vejez, durante el cual un pensionado puede solicitar la inutilidad. Actualmente un ex uniformado puede pedir este beneficio hasta 10 años luego de jubilar.