Ministra revela lista de candidatos sentenciados por delitos sexuales en Perú

Al menos ocho candidatos a las elecciones regionales y municipales de octubre próximo en Perú han sido denunciados por delitos contra la libertad sexual, mientras que otros 21 han sido denunciados por no pagar una pensión de alimentos, informó hoy la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte. 

La ministra presentó hoy, junto al secretario general de la organización civil Transparencia, Gerardo Távara, una lista de candidatos denunciados por acoso sexual, omisión de pago de pensiones de alimentos y hurto.

Omonte precisó que entre los candidatos sentenciados por delitos contra la libertad sexual dos se presentan en la región norteña de Cajamarca, y otros dos en la central de Huánuco.

Además, uno en las sureñas Tacna, Ayacucho y Cuzco y otro más en Lima, en este caso como postulante a la alcaldía del distrito de Surco.

La ministra precisó que otros 21 candidatos han sido denunciados por su negativa a pagar una pensión de alimentos. 

"Hemos enviado un oficio al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda cruzar esta información con el Poder Judicial y continúen los casos en investigación", dijo Omonte.

Távara señaló, por su parte, que junto al Ministerio de la Mujer evalúan presentar un proyecto de ley para evitar que los candidatos con antecedentes penales puedan postular a cargos de elección popular.

"Ello implicaría modificar varias normas en la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales. Pero invoco al Congreso para que este tipo de propuestas se pongan en debate", añadió Omonte.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó el lunes de que 345 candidatos serán excluidos de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, tras haberse comprobado que tienen condenas vigentes por diversos delitos.

El presidente del organismo, Francisco Távara, explicó que algunos de estos candidatos ya han sido excluidos, otros "están siendo excluidos" y los demás "deberán estarlo antes de las elecciones", que se celebrarán el 5 de octubre.

"El tema es con los candidatos que han sido objeto de una sentencia condenatoria vigente, llámese corrupción, malversación, cohecho, tráfico de drogas", explicó Távara.

El presidente del jurado electoral confirmó que también hay "un abanico amplio" de candidatos que anteriormente fueron condenados, pero que al haber cumplido ya sus sentencias están "rehabilitados".

"Eso significa que quedan expeditos para reinsertarse en la sociedad", acotó.

Reiteró, sin embargo, su invocación a las organizaciones políticas del país para que analicen cada caso y opten por retirarlos de la competencia electoral.

Organismos civiles y medios de comunicación denunciaron en las últimas semanas la presencia de candidatos vinculados con diversos delitos, incluido el narcotráfico, lo que llevó al Gobierno a analizar este tema.

La semana pasada, el ministro del Interior, Daniel Urresti, entregó al JNE una lista de 124 candidatos que presuntamente están ligados al narcotráfico y anunció que hará lo mismo con los que tienen vínculos con la minería ilegal. 

En los comicios de octubre próximo se elegirán a 25 nuevos presidentes regionales, 195 alcaldes provinciales y 1.647 de distritos de todo el país.