Negocio de la basura: El cuestionado contrato que dio origen a investigación por posible corrupción

A fines del año 2009 detonó el escándalo en el negocio del retiro de la basura en la Región Metropolitana.

Fueron 22 comunas de la Región Metropolitana que renovaron un contrato con la empresa KDM para el manejo de su basura. Esto se traducía en que debían desembolsar más de US$ 240 millones durante 16 años, alargando hasta 2027 el efecto de una licitación que se realizó en 1995.

Por este motivo, la Fiscalía Nacional Económica pidió anular el contrato, ya que de acuerdo al organismo "se entorpeció la libre competencia en el mercado de la disposición intermedia y final de residuos sólidos domiciliarios de la Región Metropolitana".

La Fiscalía consideró que el contrato con KDM, que concentraba un 58% del mercado, inhibía el ingreso de otros competidores, "debido a que es de largo plazo y tiene renovación automática ilimitada por 16 años cada vez", informaba Ciper.

MAIPU EN LA MIRA

Específicamente en esta comuna, el año 2010 se inició la licitación de la recolección de los desechos.

Después de no aprobar la primera subasta pública, a fines de diciembre y encima del tiempo, cinco concejales rechazaron la propuesta más barata. Así fue que los concejales obligaron a que el contrato se dividiera y se utilizara una fórmula mixta que le significó al municipio un gasto extra de $987 millones, todo para que Demarco S.A., una empresa del grupo KDM, se adjudicara al menos parte del contrato.

Sin embargo, nuevamente en el año 2011 se realizó una nueva licitación. Acá el primero en ser cuestionado fue el ex concejal Marcelo Torres (RN), a quien el CDE ya acusó formalmente en abril de 2013 por cohecho y soborno. Torres habría recibido pagos del gerente general de KDM, el español José Miguel Gutiérrez.

Pero esto continúa, ya que en en abril del año siguiente, Ciper publicó un audio de una reunión que habría sostenido Torres con ejecutivos de KDM donde el concejal se comprometía a sacar del camino a otra empresa que competía por el millonario contrato.

En este contexto, el concejal Antonio Neme (UDI) fue interrogado, y ante la PDI denunciaba que en el proceso había existido "corrupción" y reconocía que su colega Carlos Richter (RN) –quien votó a favor de KDM en ambas licitaciones– le había preguntado cuál era su precio.

Cambio 21 publicó en su momento, que la directora de administración y finanzas (s) del municipio, Rosalba González, declaró ante la fiscalía que Neme "mantendría vínculos contractuales, financieros y de beneficios económicos con la empresa Proactiva Medio Ambiente S.A., que se traducirían en un cobro mensual a dicha empresa con el objeto de representar sus intereses en el Concejo Municipal".