Obispo de Temuco: "En la educación universitaria la gratuidad no puede ser a todo evento, debe haber límites"

"Yo quisiera rescatar la intención de fondo de las declaraciones del ministro Eyzaguirre. Porque él planteó un tema que sería bueno debatir: cómo va a ser la gratuidad en la educación superior", sostiene el obispo Héctor Vargas Bastidas (62), jefe de la Iglesia Católica en la diócesis de Temuco y presidente del área de educación en la Conferencia Episcopal (Cech).

Analítico y meticuloso, este profesor de Estado, titulado en la Universidad Católica y magíster en ciencias de la educación, ha sido una de las voces centrales del episcopado criollo frente a la reforma educacional que impulsa el gobierno. Y las recientes declaraciones del ministro de Educación, quien esbozó la necesidad de restringir la gratuidad en la enseñanza superior, no le resultan indiferentes.

Más allá de la polémica que rodeó a este episodio, y de las posteriores aclaraciones del mismo Eyzaguirre, según el obispo Vargas se trata de un problema central.

"Yo pienso en lo que ocurre en otros países, donde la educación superior es totalmente gratuita, y hay alumnos que pueden pegarse 10 y hasta 12 años en sus carreras. Son alumnos eternos y hacen de la universidad prácticamente un estilo de vida, financiado por el Estado y con los impuestos de todo el mundo. Los recursos públicos deben estar a disposición de la educación. Eso me parece óptimo. Pero también se deben poner límites", subraya el religioso.

Hubo muchas críticas, sobre todo estudiantiles, a esta idea... 

Más allá de si (Eyzaguirre) se confundió o no, yo quiero ver en el ministro una preocupación que me parece relevante. Si se va a dar una educación gratuita, perfecto, pero en nuestra cultura lo gratuito termina siendo despreciado y se derrocha. Por ello, también debe haber condiciones y exigencias. Por ejemplo, para alguien que reprueba una y otra vez. Se debe profundizar este tema de la gratuidad, que no puede ser a todo evento. Debe haber límites, porque es plata de todos los chilenos, y cuesta juntar esos pesos. Creo que la preocupación del ministro Eyzaguirre iba por ahí.

La autoridad también habló de un trato preferencial para las universidades del Estado. 

Eso me parece que sería un error. El servicio público que prestan las universidades católicas, las mismas que están en el Cruch, es enorme. Son centros de estudio prestigiosos y de alta calidad, como la U. Católica de Santiago y las universidades regionales. Además, hay muchos lugares donde las universidades del Estado tienen alumnos de un nivel socioeconómico mejor, con menos carencias. El solo hecho de que sean estatales no es argumento. Es muy discriminador. Los aportes deberían ser, también, sobre la base del aporte real.

¿Se refiere al rendimiento?

A muchos factores: al tipo de sus alumnos, a sus necesidades, al entorno. Lo importante es que el servicio que entrega esa universidad sea de calidad. Hay universidades estatales, en el Cruch, que han tenido un desempeño bastante limitado y, al menos, cuestionable. Pero reciben una cantidad de aportes al margen de su calidad. Habría que revisar esos criterios.

¿Aún inquieta a la Iglesia el tema de que los sostenedores de los colegios que vayan a recibir aportes del Estado sean dueños de la infraestructura donde operan?

Para nosotros esto es un problema, porque la Iglesia en sí no tiene bienes. Son congregaciones, agrupaciones, entidades católicas. Sería complicado venderlos o traspasarlos. Se trata de un patrimonio que, en algunos casos, ha costado muchos años tenerlo, fruto de muchos bienhechores, a través de décadas. Si mañana no funciona allí una escuela, ese patrimonio se puede convertir en un hogar, un consultorio, un centro social, pero podemos seguir disponiendo de él. Creo que este tema se va a mejorar, y no sólo pensando en la Iglesia, porque el concepto de fondo es que no haya negociados. Y eso se puede conseguir sin tener que entrar a temas inmobiliarios, de compras y ventas.

El tema en que la Cech insiste son los recursos, que no alcanzarían.

Lo hemos venido diciendo desde hace más de dos meses. Después de sacar todos los cálculos, creemos que los recursos no van a alcanzar para una educación de calidad. En este minuto, la subvención promedio llega a unos $ 50.000. Y con lo que propone el proyecto, la subvención podría llegar a $ 70.000 o $ 75.000. Y eso es, en promedio, la mitad de lo que se requiere para poder entregar una educación de calidad. Al eliminarse el financiamiento compartido se produce un tema que no es fácil de comprender. Por una parte, la familia no va a aportar más, porque lo hará el Estado; sin embargo, lo que aportará el Estado es insuficiente para una educación de calidad. Esperamos que esto se haga gradualmente. El ministro dijo que algunos colegios podrían estar hasta 17 años con financiamiento compartido, donde el Estado no alcance a cubrir lo que hoy ponen los padres.

¿Ve una mayor flexibilidad en las posturas del gobierno? 

Creo que hay una mirada más racional del tema. Si el proyecto de ley se aplicara hoy, tal cual está, no sólo el gobierno, sino que el sistema completo tendría problemas. Hay que hacerlo con mucho diálogo, gradual, para asimilarlo. En educación los tiempos son lentos.