OEA discute dura resolución contra Venezuela por crisis institucional

Venezuela

Organismo votaría también convocatoria a cita de cancilleres para definir si se aplica Carta Democrática.




En la sesión de este lunes de su Consejo Permanente, la Organización de Estados Americanos (OEA) votaría una dura declaración contra Venezuela, auspiciada por 13 países, y podría convocar también a una reunión de cancilleres para definir si aplica o no la Carta Democrática para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la separación de poderes, fijar un calendario electoral y liberar a los políticos presos.

Un acuerdo determinó, según explicaron fuentes diplomáticas a la agencia Efe, que sean los cancilleres, y no los embajadores en la OEA los que voten finalmente la aplicación de la Carta a Venezuela, tras la alteración del orden constitucional generado por la resolución del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional.

Aunque el Tribunal rectificó la decisión de dejar sin competencias a la Asamblea Nacional el sábado, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, llamó a "rebelarse" ante el gobierno de Nicolás Maduro y el TSJ porque "están violando la Constitución" del país.

Precisamente con el afán de "promover la normalización de la institucionalidad democrática" en uno de los países miembros, la OEA creó dicha Carta, instrumento jurídico para garantizar la democracia en la región y que, de no lograr su cometido, puede provocar la suspensión de Venezuela del organismo.

Tanto para convocar la reunión de cancilleres como para que se inicie el proceso de la Carta se requieren 18 votos, vale decir, la mayoría simple de los 35 estados miembros. Según fuentes del grupo promotor de la moción, ya cuentan con ese número.

Un grupo consolidado de 14 países, entre ellos Chile, estaría a favor de iniciar el proceso. El voto de Uruguay es clave ya que ha sido reticente a activar la Carta. Sin embargo, el país reconoció que en Venezuela hay una "ruptura del orden constitucional" y una "intromisión sistemática" por parte del Supremo en el Parlamento. Ese grupo debe convencer, al menos, a cuatro naciones de un grupo de países caribeños que por más de una década se han beneficiado del petróleo subvencionado de Venezuela.

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