Oficios de Abbott alertaron al gobierno de fallas en el Banco Unificado de Datos

"El proceso de operatividad no está sujeto a plazos exactos (...). Con todo, reconociendo lo anterior y habiendo efectuado proyecciones estimativas, se esperaría que el proceso óptimo de carga de datos debería presentarse en el primer semestre del año". La frase aparece en un oficio del 17 de abril, en que el subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco, respondió al diputado Daniel Farcas (PPD), quien solicitó información sobre el Banco Unificado de Datos (BUD). Y es que a más de dos años de su puesta en marcha, el sistema aún no funciona. Prueba de ello son una serie de oficios enviados desde la Fiscalía Nacional a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que dan cuenta de los constantes problemas. Estos fueron entregados a La Tercera vía Transparencia.

Todo se remonta al 18 de diciembre de 2012, cuando se acordó compartir información entre los servicios, el Poder Judicial, las policías y el Ministerio Público. Fue así como se inició el proceso para crear una plataforma informática. Posteriormente, un convenio estableció que la Fiscalía Nacional lo administraría y la Subsecretaría de Prevención del Delito coordinaría su implementación. Sin embargo, la ley corta antidelincuencia estableció que la fiscalía debía hacerse cargo de todo. En 2015, el gobierno lanzó públicamente la plataforma.

En un oficio del 17 de mayo de 2016, el fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitó a Interior documentos relativos a protocolos y procedimientos del BUD. Además, le planteó el "impacto presupuestario" que significaría y le solicitó crear un reglamento para operarlo.

El 23 de diciembre de 2016, la gerenta de estudios de la Fiscalía Nacional, Nelly Salvo, envió un oficio a su par de la subsecretaría, Luis Vial, solicitándole "informes técnicos pendientes" sobre contratos con las empresas Microsystem y Everis, que diseñaron e implementaron la plataforma.

En abril de 2017, el fiscal nacional volvió a enviar un oficio. Esta vez advirtiendo que tras recibir los softwares, encargó una auditoría que arrojó que "existen diferencias entre el licenciamiento adquirido y el requerido por los productos". Además, manifestó que no pueden hacer ninguna modificación al sistema, porque no tienen la autorización para eso. "Existen productos del software de Oracle, que si bien están instalados, no están configurados, lo que implica que no están operando (...). No se cuenta con evidencias de que se hayan aplicado pruebas de estrés que permitan tener certeza de cómo reaccionará la plataforma en la práctica", señala el oficio de Abbott.

Algo que reafirmó la empresa Oracle, que señaló que había 95 licencias faltantes y que el Ministerio Público debía resolver el problema. "Es urgente regularizar tal situación", apuntó Abbott, antes de añadir que "carecemos de informes de aceptación de productos, cierre de proyectos, modelo de diseño, plan de implementación e informe de ejecución del plan de pruebas, lo que ha impactado negativamente en el proceso de transición".

Catorce días después, el subsecretario Carrasco manifestó la "total disponibilidad para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance". Pero en una respuesta anterior, relató que había problemas para cargar los datos a la plataforma. "A modo de ejemplo, la PDI comenzó a cargar datos desde 2015 en adelante, argumentando que por razones tecnológicas no tenía información disponible de mayor antigüedad. Por su parte, el Ministerio Público entrega información desde 2006. Este escenario dispar genera o afecta la lógica del BUD", indica un oficio del 17 de febrero, firmado por Oscar Carrasco. Agregó que "otro elemento que incide es el procedimiento definido por las instituciones para inyectar datos. Algunas lo hacen a través de archivos que cargan una vez al día, otras mediante activación automática, y en el caso de la Corporación Administrativa Poder Judicial, no inyecta sus datos al BUD, sino que cada vez que se consulta respecto de antecedentes que están en su poder, el BUD dirige la solicitud a ese banco de datos, por lo que no se almacenan esos antecedentes".

Pese a la buena disposición del subsecretario, la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, reconoció que "no se puede dar una fecha concreta para saber cuándo estará funcionando, porque tenemos que ser serios y estrictos para recibir la base de datos".