Ola de asesinatos provoca debate sobre seguridad en Colombia
El asesinato de dos estudiantes universitarios en una zona del Caribe colombiano abrió un debate sobre la política de seguridad democrática que fue implementada hace ocho años en este país andino.
La muerte de Margarita Gómez, de 23 años, y de Mateo Matamala, de 26, en el departamento de Córdoba dejó al descubierto una realidad cruda: sólo en esa región han ocurrido 31 crímenes similares en lo que va corrido de 2011.
Al menos 28 de esos asesinatos son atribuidos por las autoridades a las llamadas "bandas emergentes", que reemplazaron a los viejos paramilitares y que, como sus antecesores, están al servicio de narcotraficantes.
"Es una situación dramática", expresó la gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, quien dijo que su región "perdió el año" en materia de homicidios en 2010 y que no quiere perder el 2011.
ZONA LLENA DE PARADOJAS
Córdoba es una zona agropecuaria llena de paradojas. Fue el epicentro de la desmovilización de miles de paramilitares, que comenzó en 2003, pero mantiene altos índices de violencia y en la zona se vive una puja entre bandas criminales.
En la región hay fuerte presencia de las fuerzas armadas, pues cerca de Montería, la capital, está ubicada una de las fincas del ex presidente Álvaro Uribe, quien puso en marcha la seguridad democrática.
A raíz de los crímenes de Gómez y Matamala, que estudiaban biología en la prestigiosa Universidad de los Andes y hacían parte de familias adineradas, el gobierno colombiano anunció el envío de más policías y soldados a la región, y ofreció una recompensa de más de US$250.000 dólares.
En diálogo con BBC Mundo, Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, asegura que la violencia en Córdoba está ligada al narcotráfico.
Ese departamento, que tiene costas sobre el Caribe, se convirtió en un corredor importante para la salida de cocaína hacia el exterior, un corredor cuyo control ahora se disputan al menos dos bandas armadas.
Colombia sigue siendo un importante proveedor de cocaína para el mercado mundial, buena parte de cuya distribución corre por cuenta de carteles mexicanos.
"Con frecuencia en las disputas entre las bandas caen personas que no tienen nada que ver con los ajustes de cuentas", explica Rangel.
Otro analista, León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, que estudia el conflicto, considera que en algunas regiones de Colombia hay tolerancia con algunos grupos armados ilegales.
"Esas bandas como las que hay en Córdoba no surgen de la noche a la mañana", le dice a BBC Mundo Valencia, que también es columnista de la revista Semana.
Mientras Rangel añade que "donde hay mafia hay corrupción", Valencia se queja de las dificultades que hubo para neutralizar a algunos jefes como Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, quien murió en diciembre pasado.
"Tuvieron que enviar a una fuerza élite de la policía de Bogotá, porque en la zona donde estaba había sectores de las fuerzas armadas que lo protegían", dice Valencia.
El experto critica que la política de seguridad para combatir a ciertos grupos armados como los ligados a los antiguos paramilitares no tenga la misma determinación que sí tiene la persecución de las guerrillas.
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