Ollanta Humala niega cualquier intención de criminalizar la protesta social en Perú

El Presidente de Perú, Ollanta Humala, negó hoy cualquier intención de criminalizar la protesta social en su país, en relación a una serie de manifestaciones contra un mina de cobre de capitales suizos en la provincia de Espinar, en el departamento de Cusco.

"No hay ninguna criminalización de la protesta social. Se está defendiendo el Estado de Derecho", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en Ginebra, después de su intervención en la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Un sector de la población de Espinar protesta desde hace varias semanas contra la mina de cobre Tintaya, de la suiza Xstrata, por considerar que contamina y que su aporte económico al desarrollo local es insuficiente.

Las protestas de las últimas semanas en Espinar dejaron decenas de heridos y detenidos, incluido el alcalde Oscar Mollohuanca, y llevaron a la declaración de estado de emergencia (de excepción) durante 30 días. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, hasta abril pasado se ha registrado la muerte de 14 personas en Perú durante conflictos sociales.

Requerido por su posición frente a esta situación por la prensa internacional, Humala relacionó cualquier acto violento con la minería informal, que dijo es un fenómeno que afecta a varios países latinoamericanos y no solamente a Perú.

Esa actividad, dijo, involucra a "cientos de miles de personas que trabajan y no respetan los estándares del medio ambiente, contaminan de manera peligrosa los ríos en la Amazonía, talan bosques y afectan a las empresas formales".

ALIADOS ESTRATEGICOS
Minutos antes, durante su alocución en la sesión plenaria de la OIT, Humala aseguró que las comunidades indígenas y campesinas de su país se convertirán en "aliados estratégicos" del Estado y reiteró su disposición a escucharlas.

Asimismo, insistió en que su prioridad es erradicar la exclusión social y promover "un crecimiento económico acompañado de una inversión responsable y de la explotación racional de los recursos naturales, respetando el medio ambiente".

Humala aseguró que el Gobierno peruano cree en los principios de "la participación" y de "la consulta previa", dos pilares fundamentales de las normas internacionales de la OIT.

Sobre la aplicación de la Ley de Consulta Previa aprobada en Perú al caso del proyecto minero de Tintaya, el presidente declaró a la prensa que esta norma es "para las comunidades indígenas" y que una población "no necesariamente" califica "para esto". "Las poblaciones tienen sus autoridades electas que las defienden", agregó.

Explicó que la intención de la referida ley es "no dejar a ningún sector de la población indefenso y esto normalmente se da en comunidades amazónicas o (las) que, si bien están dentro de una demarcación territorial, no necesariamente tienen autoridades representativas que puedan hacer defender sus derechos". "En Tintaya estamos construyendo una nueva relación con la minería y eso implica resolver todas las dudas", continúo.

Humala recordó que en su discurso ante la OIT había planteado la necesidad de establecer "una nueva relación con la minería, lo que implica generar confianza".

Manifestó que en el caso de Tintaya -un importante proyecto de extracción de cobre de la minera suiza Xstrata- "se habla de un problema político o ideológico, pero no hay que negar que más allá de eso hay un problema de fondo que es la desigualdad, la pobreza, y un problema de impacto ambiental". "Esto nosotros estamos decididos a resolverlo", enfatizó, tras recordar que en otras situaciones de duda incluso se pidió un peritaje internacional.

En respuesta a un estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) que habría confirmado un problema de contaminación por la actividad de Tintaya, Humala dijo que se mostraron resultados de "otra área de influencia" y este "es un tema que entra en el campo de la desinformación, lo cual lamentamos", apunta Efe.

La represión policial en Espinar gatilló que cuatro parlamentarios dejaran el  grupo oficialista, lo que complica una mayoría presidencial en la cámara  legislativa.

A esto se suma un estallido opositor en la ciudad norandina de Cajamarca, a  raíz del proyecto Conga de la empresa Yanacocha, cuyo principal accionista es  el grupo estadounidense Newton, que prevé invertir 4.800 millones de dólares  para extraer oro y cobre, consigna AFP.