Operación Huracán: Jueces cuestionan actuar de la policía uniformada

Luego de que se dieran a conocer las acusaciones en contra de Carabineros por manipulación de pruebas durante la "Operación Huracán", las asociaciones de magistrados y fiscales manifestaron su rechazo frente a los hechos y tildaron la situación de "gravísima" e "impresentable", asegurando que afecta la credibilidad de la institución.

El vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, Eduardo Gallardo, señaló que si se llegase a establecer que algunas de las pruebas fueron manipuladas por Carabineros, se trataría de una "situación extremadamente preocupante y gravísima, porque merma la confianza en el sistema. Y lo que es más grave, afecta y vulnera los derechos fundamentales de personas a las cuales se presume inocente".

Respecto de los dichos del general de Carabineros a cargo de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, quien criticó a la Fiscalía y la acusó de "amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo", el vocero de los magistrados aseguró que "es preocupante que un general de la República se permita públicamente fustigar a una decisión del Ministerio Público y sugerirle o pedirle a los tribunales que tomen decisiones en un determinado sentido". En la misma línea, añadió que "la decisión de no seguir adelante con la investigación es una decisión autónoma de la fiscalía, y la policía simplemente tiene que acatarla y cumplir las instrucciones de la Fiscalía".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steinert, aseguró que "lo que corresponde a Carabineros es poner todos los elementos a disposición del Ministerio Público. En vez de hacer eso, intentan desviar su irresponsabilidad y no aceptarla. Eso es más gravoso aún". Además, señaló que "la credibilidad en la institución de Carabineros se ve fuertemente afectada, porque esto es gravísimo".

Adicionalmente, a través de un comunicado, este gremio emplazó al general director de Carabineros, Bruno Villalobos a "poner orden en sus filas y a ejercer sus facultades disciplinarias para reconducir la conducta del general Blu y sus subalternos a lo dispuesto por la Constitución y las leyes de este país".

En cuanto a si se debería revisar otros casos de violencia rural en los que Carabineros hayan presentado informes, Steinert señaló que "si hay antecedentes de que otros casos pudieran tener pruebas falsas, hay que hacerse cargo de ellas. Pero no creo que esto sea la regla general. Es tan grave que creo que es una excepción".

Opiniones enfrentadas han surgido en La Araucanía luego de que se dieran a conocer las acusaciones en contra de Carabineros. Desde la corporación mapuche Enama calificaron el hecho como "tremendamente grave". El secretario de la entidad, Richard Caifal, señaló que lo ocurrido "pone en tela de juicio, no solo esta investigación, sino que los otros casos relacionados con el tema indígena".

Caifal añadió que esto "abre la puerta para cuestionar también el caso Luchsinger-Mackay. Hay que recordar que Raúl Castro, delator compensado, era un colaborador de Carabineros. Pero ahora estamos frente a una institución que está siendo cuestionada. El fundamento de la acusación es la acción de Carabineros y si ese fundamento hoy día se cae a pedazos, quiere decir, que este juicio nació nulo, nació inválido".

Por su parte, el alcalde de Lumaco y presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía, Manuel Painequeo, opinó que "con estos montajes e invenciones, se enlodó una vez la imagen del pueblo mapuche. Pero además se produjo todo un daño psicológico para nuestra gente que ha sido encarcelada".

El edil agregó que "no podemos seguir confiando en cómo se llevan adelante los procesos y que nos afecta a nosotros como mapuches. Aquí debe haber una indemnización personal a personas que han pasado por una situación muy dramática".

El dirigente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Edwald Luchsinger, señaló que los antecedentes que se dieron a conocer "son la punta del iceberg de lo que está sucediendo. Lo más probable es que aquí se está dando un juego de fuerzas y que alguien quiere que no salga a la luz pública, se puede inculpar a carabineros y otras instituciones, pero veamos donde verdaderamente están los responsables".

Luchsinger añadió que "aquí hay una institucionalidad que no está funcionando, hay mucha presión política".