Oposición acusa criterios políticos en asignación de Fondo Nacional de Seguridad

"Todos los sondeos de opinión muestran que la delincuencia se encuentra en los primeros lugares de preocupación de los chilenos". Con esta afirmación comienza el informe elaborado por el diputado de Chile Vamos Nicolás Monckeberg (RN), documento que realiza una crítica evaluación del proceso de distribución del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). Esto, desde el comienzo del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hasta mediados del año pasado.

Dicho fondo, que es asignado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior, apunta a financiar proyectos locales dirigidos a disminuir la delincuencia a lo largo del país. Todo esto basado en postulaciones de organizaciones civiles, universidades, fundaciones o los propios municipios, entre otros.

Justamente, la asignación de platas para municipalidades fue el foco del estudio de Monckeberg. Así, uno de los ejes del documento, que se basó en cifras oficiales entregadas por organismo del Estado, fue la diferencia que existe en la entrega de recursos entre comunas gobernadas por alcaldes de la Nueva Mayoría versus las dirigidas por el bloque de oposición.

Según asegura el texto, el total de las platas asignadas durante estos tres años corresponde a $ 3.600 millones en 2014, $2.800 millones en 2015 y $414 millones en el primer semestre de 2016.

Y respecto de la distribución entre los dos sectores, indica que en 2014 el 59,6% correspondió a comunas dirigidas por la Nueva Mayoría y el PRO y el 40,4% para las de Chile Vamos. En 2015, en tanto, el 62,1% para zonas oficialistas, 35,1% para la centroderecha y un 2,9% para otros.

Hasta ahí todo bien, dice el documento, haciendo hincapié en que dicha distribución responde a la mayor cantidad de comunas lideradas por la centroizquierda.

Eso sí, la crítica surge respecto de las asignaciones realizadas en el primer semestre de 2016, año en el que justamente se llevaron a cabo las elecciones municipales. Para ese periodo, dice el informe, un 57,5% fue destinado a comunas de la coalición de gobierno y el PRO, un 23,2% para otros sectores y sólo un 19,3% para zonas dirigidas por la oposición.

"Llama la atención que, analizada la distribución anual de los recursos asignados por el FNSP, se observa una clara diferencia en el porcentaje de recursos aprobados en favor de comunas gobernadas por alcaldes que han expresado públicamente su adhesión a la Nueva Mayoría en desmedro de aquellas comunas gobernadas por alcaldes que han expresado públicamente su adhesión a la Coalición por el Cambio", señala el texto.

Y enfatiza: "Se llega al extremo de que el año 2016, coincidentemente un año electoral, los recursos aprobados en favor de comunas gobernadas por alcaldes que han expresado públicamente su adhesión a la Coalición alcanzó un 19%, en circunstancias que el año 2014 estos alcanzaban el 40,4%. Por lo tanto, la proporción de recursos asignados baja a la mitad".

Criterios técnicos

Otro de los ejes del estudio apunta a una supuesta ausencia de criterios técnicos a la hora de distribuir los recursos entre los diferentes municipios. Esto, en relación a los índices de delincuencia.

Según establece el texto, que incluye un ranking de los municipios con más delitos y mayores alzas, "dos tercios (64%) de las comunas a las que mayores recursos les fueron aprobados no se encuentran ni siquiera entre las 90 con mayores tasas de delincuencia". En esa línea, se acusa que "la mitad de las comunas que presentan los mayores índices de delincuencia del país no habían recibido recursos del FNSP hasta el mes de junio de 2016".

Además, se acusa que casi el 80% de las comunas que registraron las mayores alzas en las tasas de delincuencia no recibieron recursos y que de las 100 comunas que registraron las mayores alzas en el promedio de casos policiales, "es posible observar que ninguna de ellas corresponde a alguna de las 10 a las que se les asignaron más recursos".

"Lo anterior demuestra una focalización inadecuada de los recursos del FNSP, los cuales deberían destinarse en primer lugar a aquellas comunas donde las estadísticas oficiales señalan, de manera objetiva, que existe un mayor problema de delincuencia", cuestiona el documento.

Con esto en mano, Monckeberg espera concurrir durante esta semana a la Contraloría para solicitar la puesta en marcha de una auditoría centrada en la metodología para asignar los fondos.

"No hay ninguna explicación lógica que justifique que en el semestre anterior a las elecciones las comunas con alcaldes de oposición vieron disminuidos sus recursos a la mitad. La delincuencia merece la misma preocupación en comunas de la oposición", señaló el diputado.

Reacción del gobierno

Frente a las críticas, el subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco, dijo que el informe "comete un error al cuestionar que el 47% de las 100 comunas con mayores tasas delictuales no fueron beneficiados por el FNSP, ya que eso se debe a la naturaleza propia de este Fondo".

"En efecto, desde 2016, según lo establecido por las propias bases de este concurso -que son de público conocimiento- , los municipios que forman parte del Plan Comunal de Seguridad Pública no pueden optar a los recursos que entrega el FNSP. Esto significa que 74 comunas, que hoy son parte del Plan Comunal y que concentran el 80% de los delitos en el país, quedan fuera del concurso, puesto que a través del Plan Comunal están recibiendo una inversión total de $55 mil millones, la mayor que se ha realizado en materia de seguridad en nuestro país", agregó.