Paro en Hospital del Salvador dejó pérdidas por $ 1000 millones

Más de $ 1.000 millones fue el costo que dejó el paro, de 28 días, que realizaron los funcionarios del Hospital del Salvador y que, según el último balance entregado por la dirección del centro de salud, corresponde a fondos que se gastaron para suplir los requerimientos de los pacientes que no podían ser atendidos en el hospital, las cirugías y consultas con especialistas canceladas, así como gastos en reemplazos.

La mayoría de las pérdidas provienen de atenciones no realizadas, que suman $ 710 millones. Le siguen recursos gastados en la derivación de 50 pacientes a 14 clínicas, con un costo sobre los $ 130 millones, y por contratación de personal adicional, donde se gastaron más de $ 100 millones (ver infografía).

El director del recinto, Carlos Altamirano, dijo que "la cifra podría subir marginalmente por algunos exámenes que tuvimos que hacer y algunas cuentas que nos tienen que llegar por pacientes que todavía están derivados".

Durante el paro se cancelaron más de 10 mil consultas médicas y casi mil cirugías, sumadas a las listas de espera acumuladas y a la posibilidad que se retome la movilización si la mesa de trabajo -que compone el gobierno y los trabajadores- no logra un acuerdo para definir el futuro de la concesión del nuevo hospital.

Altamirano calculó que la total normalización del centro de salud podría demorar entre cinco y seis meses.

"Estamos tratando de usar el máximo de recursos que tenemos, dando sobrecupos y una serie de medidas que nos permita acortar el período. No puedo estimar en cuánto menos, porque va a depender de los recursos que tenga y de las condiciones de los enfermos y lo que pase en la mesa de negociación", dijo el director del hospital.

De hecho, según señalaron algunos de los trabajadores, todavía hay camas cerradas. Esto fue reconocido por el doctor Altamirano, quien explica que, en total, hay unas 40 camas que no se usan y que se habilitan "en la medida que se van incorporando los funcionarios, porque no sólo tuvimos bajas por el paro, sino por razones de licencias de los trabajadores, permisos legales y tenemos que tener las providencia de no sumar más capacidad de la que podemos hacernos cargo".

Otra razón, explicó, es que muchos de esos cupos están destinados para pacientes de los servicios de urgencia  y otros que están graves y que deben ser reincorporados desde otros hospitales o clínicas, donde fueron derivados a causa del paro.

NEGOCIACIÓN

La movilización, que desde el 4 de agosto está "suspendida", se realizó para exigirle al gobierno que frene la concesión del nuevo hospital -adjudicada al Consorcio de Salud Santiago Oriente- y desde esa fecha los funcionarios están en negociación con el Ejecutivo para definir el futuro de la obra. Esta mañana, se realizará la última reunión, según los plazos pactados por las partes, en la que el gobierno debería entregar su propuesta.

La presidenta de la multigremial del hospital, Karen Palma,  dijo que "vamos a esperar lo que nos diga el gobierno, porque seguimos conversando. Ellos tienen que decidir qué opción tomar y ahí, entre todos, debemos definir si hay solución o no hay solución".

Por lo pronto, añadió, "seguimos en alerta, porque el paro sólo se ha suspendido". La exigencia del gremio, explicó la dirigenta, sigue en pie: "frenar la concesión del futuro hospital".

La mesa fue encabezada por el coordinador del área  de inversiones e infraestructura del Ministerio de Salud, Sergio Teke, quien durante las siete sesiones anteriores a la que se realiza hoy explicó a los dirigentes el modelo de concesiones que se aplicó para construir el Hospital del Salvador, los cambios que se aplicaron en las bases de licitación durante la administración anterior y los escenarios jurídicos y económicos que enfrentaría el gobierno ante un eventual cambio o cese en el contrato.

En este último punto se mencionaron tres opciones (ver recuadros): la creación de un inspector sanitario, cambios en los contratos que podrían significar el pago de multas y, finalmente, frenar la concesión invocando el bien público.