Partidos buscan corregir sistema de financiamiento de campañas en leyes de probidad

En los próximos días, los secretarios generales de la Nueva Mayoría sostendrán una nueva reunión para acordar formalmente los cambios que buscarán introducirle a la agenda de probidad y transparencia impulsada por el gobierno.

El tema ha sido abordado en algunas reuniones -la última se produjo el jueves pasado- con el subsecretario de la Segpres, Gabriel de la Fuente, a quien le han transmitido algunos de los criterios que existe en el bloque, algo que también han hecho los secretarios generales de Chile Vamos.

Luego de la primera puesta en práctica, en la pasada elección municipal de octubre, de las normativas sobre financiamiento de campañas y otros aspectos aprobados tras el trabajo de la comisión Engel, las colectividades de oficialismo y oposición iniciaron un trabajo, en coordinación con La Moneda, para promover algunos perfeccionamientos.

Este análisis se dio en paralelo al intento por modificar los plazos establecidos para la propaganda electoral -lo que se tradujo en una moción parlamentaria- y por contrarrestar el déficit que han experimentado en el refichaje de militantes, que debe alcanzar los 17.500 por cada partido a más tardar el 14 de abril para poder recibir aportes monetarios del Estado.

Si bien ambos temas han sido incluidos en esta revisión de las colectividades, al igual que la necesidad de depurar los padrones electorales, hasta ahora el consenso que se ha logrado entre los dirigentes es modificar la manera en que está operando el nuevo sistema de financiamiento a las campañas, en particular el esquema de entrega de recursos de personas naturales para los candidatos, lo que, por ley, debe hacerse a través de una cuenta de BancoEstado.

Las colectividades coinciden en que el banco tiene un sistema muy engorroso para procesar las donaciones, ya que se que deben superar una serie de medios de verificación, lo que retrasa la entrega de fondos para los candidatos. En algunos casos, los partidos han registrado demoras de hasta un mes en poder utilizar los fondos. "El banco retuvo mucho los aportes que hicimos, por ejemplo, a los alcaldes y concejales, y con eso los candidatos perdieron tiempo para encargar el diseño de su propaganda", explica el secretario general del PPD, German Pino.

En esto también proponen perfeccionar el mecanismo de acreditación de aportes no monetarios, pues, pese a que quedó en manos de los propios candidatos valorizar, por ejemplo, el préstamo de un patio para instalar publicidad, ese monto debe coincidir posteriormente con el criterio del ente fiscalizador, que es el Servicio Electoral (Servel).

Desde la oposición, que también ha abordado el tema con el Servel, apuntan a una "tramitación burocrática" y "engorrosa". Asimismo, han analizado que se deben revisar en detalle los eventuales errores que puedan cometer los candidatos en sus rendiciones de gastos. Esto -explican- para evitar sanciones producto de malas interpretaciones.

Otra eventual modificación, impulsada principalmente desde la DC, es evitar la duplicidad de información exigida, que debe ser publicada tanto por los partidos, en sus sitios web, como por el Servel. Aquí apuntan centralmente a la exigencia de declaraciones de patrimonio e intereses de los candidatos, pese a que no sean electos. Entre las fórmulas que se han abordado está exigir la declaración sólo a quienes resulten finalmente electos o distinguir entre el cargo al que estén aspirando.

En la Nueva Mayoría también han abordado medidas para paliar la abstención. Entre otras fórmulas, se propuso legislar para que las personas puedan votar en el local de votación más cercano a sus casas, lo que no siempre coincide con su domicilio electoral. En caso contrario, buscan que haya transporte gratuito para el mismo día de los comicios. "El Partido Radical ha manifestado toda su disposición para revisar el sistema electoral actual e incentivar la participación ciudadana. Cualquier medida que nos ayude a reducir la abstención, nos interesa", señala al respecto el secretario general del PR, Osvaldo Correa.