PDI allana oficinas de OAS en Chile e incauta registros contables de 2012 a 2015

El viernes, a las 10.20, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, llamó por teléfono al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Ponciano Salles, y le pidió autorización para allanar tres oficinas de OAS en Santiago e incautar sus registros contables desde 2012 a 2015.

El operativo fue concretado la tarde de ese día por detectives de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI junto a la fiscal Chong.

Esta diligencia se realizó en el marco de la indagación por presuntos delitos tributarios, fraude de subvenciones electorales e infracción a la Ley de Donaciones, que estarían ligados al uso de un avión privado en la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, en 2013.

Sin embargo, ésta no sería la única implicancia que tendría OAS -empresa constructora brasileña- por presunto financiamiento de campañas políticas chilenas. El martes 31 de enero La Tercera publicó información divulgada por la revista Veja de Brasil, en la que se menciona que la candidatura de Michelle Bachelet habría recibido financiamiento de esta empresa. Esto, en base a una propuesta de delación compensada -que aún no se concreta- del otrora publicista del Partido de los Trabajadores, José Cavalcanti 'Duda' Mendonça, y del ex presidente de la constructora, Leo Pinheiro. Fue ese mismo día cuando Chong pidió al abogado de OAS Chile, Francisco Cox, que entregara los registros contables.

El domingo, en tanto, Reportajes publicó antecedentes de la contabilidad de la empresa Martelli y Asociados Ltda., del recaudador para la primera campaña presidencial de Bachelet, Giorgio Martelli. Se trata de dos pagos de OAS, de 2014, por un total de $60 millones. Su abogado, Cristian Arias, dijo que "no son platas políticas". Los pagos serían por la confección de un mapa, una guía de Chiloé y un estudio de valor de los terrenos para inversión que hizo ese año para la constructora.

En el escrito en el que juez Salles autorizó la orden de entrada, registro e incautación de OAS Chile -al que accedió este diario- se indica que "desde las 13.11 horas del martes 31 de enero se solicitaron formalmente los antecedentes contables de la empresa OAS Chile Ltda. al señor Bruno Hartkoff, gerente legal de OAS (matriz Brasil), quien el miércoles 1 de febrero respondió que están providenciando con urgencia la entrega a través de su abogado en Chile Francisco Cox, sin que hasta la fecha se materialice".

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El escrito continúa con que "la última comunicación se produjo ayer (jueves) al mediodía, oportunidad en que el referido profesional chileno (Cox) señaló que la entrega se materializaría dentro de dos semanas, por razones de recopilación, las que, dadas las diligencias referidas precedentemente, no parecen atendibles".

De acuerdo al magistrado, la justificación para no entregar todavía la información solicitada por la fiscalía "lleva a este sentenciador a estimar que existen antecedentes suficientes de una dilación injustificada de los antecedentes requeridos, que pudieran traer como consecuencia la alteración de datos o el ocultamiento de información relevante".

Así, el juez resolvió entregar la orden de allanamiento de los "registros contables físicos y su documentación de respaldo digital, con relación a tres domicilios donde existen antecedentes contables, correspondiente a OAS Chile entre los años 2014 y 2015".

Las oficinas en las que se realizaron los operativos están ubicadas en Monjitas 527 (comuna de Santiago), en Avenida del Cóndor 550 (Ciudad Empresarial, Huechuraba) y en Panamericana Norte 18.900 (Lampa).

No obstante, ahí no terminaron las pesquisas. Según otro documento firmado por el mismo juez esa jornada, se autorizó la ampliación de la incautación. El escrito dice que "siendo las 16.40 horas (del viernes 3 de febrero) me comuniqué telefónicamente con la fiscal Chong, quien me expuso que durante la diligencia de incautación autorizada se presentó la necesidad de incautar otros objetos, cuya existencia se desconocía al solicitar la primera autorización".

Así, el magistrado agregó que "respecto al domicilio de Monjitas 527 (...), además de la documentación indicada en la resolución: evidencia informática consistente en un CPU, un servidor y un notebook de propiedad de OAS Chile, respaldo digital de la contabilidad correspondiente a los años 2012 y 2013, carpetas con comprobantes de compras 2012 y 2013, carpetas con documentos legales, arriendo de inmuebles, servicios y misceláneos, y en general todo antecedente o documento de la empresa vinculado a los hechos investigados". En el caso de la oficina ubicada en Ciudad Empresarial, el juez autorizó incautar "los respaldos que mantenga la empresa Pro Redes, referido a los años 2012 y 2013". Y desde la oficina ubicada en Lampa, determinó que también la PDI se podía llevar "documentos contables, facturas y contratos correspondientes a los años 2012 y 2013, y en general todo antecedente o documento de la empresa vinculado a los hechos investigados".

Esta no es la primera vez que Chong tiene acceso a parte de los antecedentes contables de OAS Chile. En marzo de 2016, Cox acudió hasta las dependencias de la Bridef con una serie de documentos, entre los que se encontraban carpetas con información de los trabajadores Hugo Belens, Marcel Corraza, Víctor Fonseca y Felipe Dupas. Asimismo, se entregaron archivadores con ingresos, egresos y comprobantes contables entre enero y octubre de 2015, así como el registro de compra y venta del período enero-noviembre de 2015. Otra información que fue cedida por Cox fue la liquidación de sueldo de la firma en 2015, así como el Informe Deloitte EE.UU. 2008-2013.

El Ministerio Público también tiene en su poder decenas de facturas y boletas que dan cuenta de pagos en enero y febrero de 2013.

Consultado por este diario, Cox dijo que "fue destemplada esta medida intrusiva, ya que se ha colaborado con todo, entregando toda la información solicitada, incluso coordinando la declaración de testigos". Y agregó: "En cuanto al allanamiento, estábamos en comunicación directamente con la fiscal vía correo electrónico, y le había solicitado tiempo para entregarle la información, porque yo tenía que viajar fuera de Chile por otros compromisos laborales, y el período solicitado era sumamente amplio y fuera de las fechas investigadas, sin que la empresa o alguno de sus ex ejecutivos sean imputados en Chile".

Según una nota publicada anoche por radio Biobío, entre la información incautada "se habrían encontrado evidencias que involucrarían a un importante político chileno que tendría cuentas en el extranjero relacionadas con la investigación".