PDI indaga trata de personas en caso de 66 trabajadores extranjeros

Los primeros llegaron en octubre. Venían con una visa turística de 90 días, pero ellos quisieron trabajar. Así lo recuerda Margarita Pérez, dueña del terreno en que se emplaza la fábrica de ladrillos allanada el jueves por la PDI, tras una denuncia de trata de personas que tendría como víctimas a 66 ciudadanos bolivianos, entre ellos 18 menores de edad.

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente ordenó el allanamiento del lugar, ubicado en calle Carlos Saavedra, cerca del aeropuerto de Pudahuel. Aunque no hubo detenidos, la policía se llevó a los extranjeros al Consultorio Nº 1 de Santiago, para evaluar su estado de salud. Desde el recinto informaron que entregarán los antecedentes a la fiscalía "en los próximos días". Las presuntas víctimas quedaron a cargo del Ministerio Público, con apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos.

Según la fiscal Paola Salcedo, la investigación preliminar, que partió hace un mes, arrojó que en la fábrica "personas de nacionalidad boliviana trabajaban en labores de ladrillo. Había indicios de que vivían en condiciones de absoluta precariedad y había menores de edad". Con ello, la fiscalía estableció, "de manera preliminar, que estamos en torno a un delito de trata laboral".

Tras entrevistar a algunos de los extranjeros, Salcedo dijo que "trabajaban de lunes a sábado y ganaban según la cantidad de trabajo realizado". Agregó que existen varios presuntos empleadores, ya que "ni siquiera los bolivianos tienen una certeza del nombre de su empleador". Además, detalló que vivían "en casas hechizas, con luz irregular. El agua presuntamente es sacada de una laguna, pareciera que no es potable. Los baños son especies de letrinas".

La dueña de los terrenos se defiende de las acusaciones. "Dicen que los tenemos en malas condiciones, pero no es así. Nos preocupamos de tenerles piezas con refrigerador y televisión, incluso los íbamos a llevar a la playa", dice.

En tanto, ayer, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, firmaron un convenio con más de 20 instituciones, para hacer frente a la trata de personas.

Tras la reunión, Chadwick dijo que "no podemos quedarnos impávidos frente a una nueva forma de esclavitud". Por su parte, Chahuán sostuvo que sería interesante aplicar a estos casos "técnicas de investigación que existen en otros delitos, como los de drogas": por ejemplo, "mecanismos de infiltración", pues, tras estos ilícitos, hay "organizaciones muy poderosas".