Penta: penas de hasta cinco años arriesgan políticos que serán formalizados por delitos tributarios

En un comienzo el fiscal nacional Sabas Chahuán había decidido que la fecha en que iba pedir formalizar a políticos involucrados en el caso Penta, sería el día siguiente de su última cuenta pública a la cabeza de la institución, realizada el 28 de abril. Sin embargo, la decisión se fue postergando cada vez más, a la espera de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) le entregara nuevos antecedentes.

Pero llegó un punto en que Chahuán no quiso seguir esperando al SII y ayer pidió al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago -junto los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura- la audiencia para levantar cargos por eventuales delitos tributarios contra cinco políticos. Se trata del el senador Iván Moreira (UDI), el diputado Felipe de Mussy (UDI), el ex diputado Alberto Cardemil (RN), el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI) y el ex senador Jovino Novoa (UDI).

"La presentación es contra varias personas que (se) podrían denominar políticos, por delitos tributarios en calidad de autores (...) (Sobre si pedirán prisión preventiva) lo tengo que evaluar porque nos consta que van a llegarnos nuevos antecedentes. Lo que pasa es que si uno considera en abstracto que sea un delito reiterado, el monto del perjuicio fiscal, en algunos de esos casos se podría pedir la prisión preventiva", dijo Chahuán luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el arresto domiciliario total contra Patricio Contesse, ex gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).

A todos se les imputarán delitos contemplados en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, que sanciona a quienes facilitan documentación tributaria "falsa", en carácter de consumado y en calidad de autores, cometidos en 2013. Según el Código Tributario, la pena asignada a ese ilícito llega hasta cinco años (presidio menor en su grado máximo), lo que no implica cárcel.

En el caso de Novoa, la imputación será por el mismo ilícito, pero en carácter de reiterado. Por ello, según fuentes de la investigación, la pena puede llegar hasta 10 años de presidio en caso de una condena.

Según los antecedentes de la carpeta investigativa, los cinco políticos habrían solicitado a terceros emitir facturas o boletas a a las empresas Penta o SQM -en el caso de Novoa y Zalaquett- por servicios no prestados, con el objeto de financiar campañas electorales (ver recuadros).

En relación a Zalaquett, la fiscalía evalúa formalizarlo también por las facturas que emitieron las empresas Reactor SPA y Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL a SQM, Ripley, Corpbanca, Alsacia, Inversiones El Bosque y La Manada, por un monto total de $ 67 millones, para financiar su campaña política.

Lo mismo analiza hacer el Ministerio Público con Novoa. La ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, lo sindicó en su declaración como la persona que recibió pagos por servicios no prestados a SQM para obtener fondos para campañas municipales. La fiscalía está a la espera de que el SII presente una querella por delitos tributarios en su contra.

En la petición realizada ayer, no se solicitó la formalización de la senador Ena von Baer (UDI) y los ex precandidato presidenciales  Laurence Golborne (UDI)  y Andrés Velasco. Dentro de la investigación, estos tres políticos declararon en calidad de imputado. Según fuentes de la investigación, se siguen indagando los hechos que se les imputan, pero aún no se ha decidido si solicitarán sus formalizaciones.

Hasta ahora, Impuestos Internos no ha presentado una acción legal en contra de los políticos que serán formalizados por delitos tributarios. Pese a ello, los fiscales consideran que existen los antecedentes para imputarles los ilícitos sin la necesidad que exista la acción legal del servicio. Anteriormente, los persecutores levantaron cargos sin una querella del SII, cuando formalizaron al ejecutivo de Penta, Carlos Bombal, y al empresario Luis Saldías, ligado a SQM.

Las defensas 

Respecto a la solicitud de audiencia, los defensores de Zalaquett, Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, dijeron que "queremos reafirmar que los hechos que se le imputarán a mi representado no son constitutivos de delito alguno, así como tampoco existe antecedentes en la carpeta de investigación que permita vincularlo con los mismos".

En tanto, los abogados de Jovino Novoa, Miguel Schweitzer y Matías Balmaceda, señalaron mediante un comunicado que "reiteramos nuestra absoluta convicción de que nuestro representado ha obrado en conformidad a la ley".

Fuentes ligadas a Cardemil, explican que su defensa estaría analizando la viabilidad legal de una formalización por delitos tributarios realizada sin una querella del servicio  en su contra.

Del mismo modo, algunos juristas han analizado la idea de que estos ilícitos tributarios están asociados a la normativa del financiamiento de campañas. Y por tanto, estarían prescritos. En ese sentido, algunas defensas estarían evaluando la posibilidad de pedir que el Octavo Juzgado de Garantía se pronuncie al respecto.

"Nosotros advertimos una suerte de discriminación porque a los únicos que se les formalizan es a personas de nuestros sector", señaló ayer el presidente de la UDI, Hernán Larraín, tras conocer el listado de políticos que serán formalizados.