Perú: más de 2.000 candidatos a cargos públicos han debido pagar condenas judiciales

Un total de 2.131 candidatos que aspiran a algún cargo público en las elecciones regionales y municipales de octubre en el Perú han sido condenadas por la Justicia por diversos delitos, que incluyen narcotráfico y terrorismo, según datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revelados hoy en Lima.

El presidente del JNE, Francisco Távara, admitió que "desafortunadamente" no hay ningún impedimiento legal para que una persona que haya pagado condena se presente como candidato. 

Además de las 2.131 personas que han sido condenadas, hay cientos de candidatos sobre los que existen sospechas de que no llevan una vida transparente, según medios periodísticos locales. Los mayores temores se centran en la denunciada intención del narcotráfico de aumentar sus cuotas de poder político.

Por lo menos 13 de los postulantes estuvieron en la cárcel por tráfico de drogas. Entre ellos figuran Mauro Gómez, que aspira a ser alcalde de la provincia de Vilcashuamán, y Miguel Díaz, Justiniano Vilca, Nerio Oré y Fermín Sánchez, que se postulan para burgomaestres de distritos.

Asimismo, Balentín Cacha Espíritu, Manuel Campos Huamán y Martín Peñaloza Ope están entre quienes desean ocupar cargos públicos después de estar en prisión por terrorismo.

Más de 14.000 candidatos se inscribieron para los comicios, en los que se elegirán presidentes y asambleístas de 25 regiones y alcaldes y concejales de casi 200 provincias y más de 1.600 distritos. 

Los temores sobre la presencia de personas de dudosa reputación se potenciaron la semana pasada, cuando las autoridades descubrieron cerca de 500 kilos de cocaína en la camioneta del hasta entonces candidato a alcalde de la provincia de Barranca por el partido derechista Fuerza Popular, Alberto Tapia. 

Desde diversos sectores se han hecho llamados a los partidos y los movimientos regionales, provinciales y distritales para que depuren listas, pero entre los expertos hay un temor extendido por la clase de personas que puedan llegar a cargos públicos por la vía del voto.

En la nómina de postulantes figuran asimismo numerosas personas que han sido condenadas o que son investigadas o procesadas por delitos o presuntos delitos cometidos como autoridades.