Piden a Contraloría investigar irregularidades en la Dirección de Seguridad Pública

Una solicitud para que Contraloría investigue una serie de irregularidades detectadas en la Dirección de Seguridad Pública (DSP) del gobierno hizo el diputado de RN Cristian Monckeberg.

El parlamentario explicó que "han llegado a mi conocimiento antecedentes que darían cuenta de irregularidades vinculadas a la implementación fallida, y con gastos para el erario público, de diversos centros para la atención, reparación y ayuda de víctimas del delito".

En esta línea, detalló que por ejemplo en Ovalle se arrendó directamente por la Dirección de Seguridad Pública un inmueble ubicado en Blanco Encalada  N° 645, por el monto de $700 mil mensuales, por 5 años. "No se ha implementado el Centro, a pesar de que el inmueble está arrendado desde hace 10 meses, habiéndose pagado hasta ahora $7 millones.

En Coyhaique ocuure lo mismo con un inmueble ubicado en calle 21 de mayo, arrendado por 23,82 UF ($250 mil mensuales aprox.) por 4 años, pero el recinto no se ha implementado "a pesar que desde hace un año que se pagan arriendos por $3 millones.

En Alto Hospicio se arrendó el 1 de noviembre de 2008 un inmueble ubicado en Uno N° 3880, Villa Don Arturo, en 37,54 UF, por un año. "Nunca se implementó el Centro, a pesar que el inmueble estuvo arrendado, habiéndose pagado la suma total aproximada de $9 millones 500 mil en arriendos.

En Puerto Montt lleva siete meses arrendado un recinto sin funcionar aún y se ha pagado hasta ahora la suma total de $15 millones aproximados en arriendos.

El diputado destacó que "la irregular implementación de estos centros ha implicado un perjuicio fiscal de más de $35 millones. Por eso creemos que debe ser fiscalizado el proceso completo de implementación de los Centros de Atención de Víctimas en todo el país".

Además, el diputado presentó otros hechos "que deben ser investigados y que podrían implicar más irregularidades en el proceso de implementación de los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos (CAVD)". Se trataría de la alta rotación de la jefatura del Area de Asistencia a Víctimas, lo que ha implicado una ausencia total de control y seguimiento del proceso de implementación de los centros.

Monckeberg también adjuntó antecedentes sobre una eventual irregularidad en la adjudicación directa de un contrato para la construcción de un centro en la comuna de San Joaquín, en la población La Legua, por una empresa integrada "por el hermano de una alta autoridad de la DSP".