Presentarán nuevo recurso en contra de proyecto minero Pascua Lama

Una nueva demanda tendrá Barrick en Chile por su proyecto Pascua Lama. Bárbara Salinas, la abogada que representó a accionistas minoritarios en el caso La Polar y también en el aumento de capital de Enersis, presentará este lunes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Este proceso, que se suma al presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago por la comunidad diaguita, busca la revocación de la aprobación ambiental.

Actualmente, Pascua Lama está paralizado por la Superintendencia de Medio Ambiente, la que efectuó 23 cargos en contra de la minera por problemas en el manejo de las aguas.

El argumento central de Bárbara Salinas, quien presenta el estudio a título personal, es que la minera canadiense está incurriendo en actos ilegales y arbitrarios relacionados con la instalación, ejecución y/o realización de obras y actividades al interior de la faena ubicada en la Provincia de Huasco, en Atacama. Dichas actividades no estarían aprobadas por la Superintendencia de Medio Ambiente y no forman parte de las obras de mitigación establecidas, luego de la formulación de los cargos en contra de la iniciativa.

Los trabajos que estaría realizando Pascua Lama son, entre otros, la realización de un programa de monitoreo ambiental, donde la firma realiza mediciones, toma de muestras, análisis y monitoreos de los componentes y variables especificados en los planes de seguimiento ambiental.

También está la mantención y remodelación de la aeropista, operación y mantenimiento del incinerador, de las clínicas, de las oficinas relacionadas con la seguridad del protocolo internacional de fronteras, mantención de las estaciones de los transformadores, equipos de generación eléctrica y líneas eléctricas. 

La acción legal de Bárbara Salinas también incorpora una orden de no innovar, con el fin de obtener la paralización total e inmediata de las obras indicadas. La abogada señala que la orden de no innovar se funda "en el hecho indesmentible que la actual ejecución de las obras y actividades individualizadas producen un perjuicio ambiental y la afectación del derecho a la vida irreparable e irreversible para nuestros legítimos intereses, amparados constitucionalmente".