Presidente de EEUU advierte que actuará solo para resolver crisis humanitaria en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó hoy con dureza a los republicanos del Congreso por "no hacer nada" en materia de inmigración para "no dar una victoria a Obama" y anunció que actuará por decreto para resolver la crisis humanitaria en la frontera.

"Voy a tener que actuar solo porque no tenemos suficientes recursos. Nos estamos quedando sin dinero y vamos a tener que reasignar recursos para asegurarnos que estos niños están adecuadamente alojados o que tenemos suficientes jueces de inmigración para juzgar sus casos", advirtió Obama, que está dispuesto a utilizar su poder ejecutivo para resolver la crisis.

"Todos estamos de acuerdo en que hay un problema que necesita ser resuelto en nuestra frontera sur. E incluso estamos de acuerdo en la mayoría de las soluciones", dijo Obama en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Obama lamentó que "en vez de trabajar juntos (para resolver la crisis en la frontera), los republicanos de la Cámara de Representantes intentan pasar las versiones más extremistas e impracticables de una ley cuando saben que no irá a ninguna parte, el Senado no lo va a aprobar y si pasa el Senado, lo voy a vetar. Lo saben. No están intentado resolver el problema", concluyó.

El presidente hizo esta declaración mientras la Cámara de Representantes está intentando pasar un proyecto de ley, redactado por los republicanos, para atajar la crisis en la frontera, provocada por la llegada desde el pasado mes e octubre de más de 57.000 niños no acompañados, procedentes la mayoría de ellos de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Los líderes del partido republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentarán hoy un nuevo proyecto de ley para lidiar con la crisis humanitaria en la frontera, después de que se vieran obligados a retirar ayer el anterior, al constatar que no tenían los votos suficientes para que fuera aprobado. 

"No pueden aprobar la ley. Ni siquiera pueden aprobar su propia versión de la ley", dijo Obama, quien consideró que está claro que "el desacuerdo no es entre mi persona y los republicanos de la Cámara de Representantes. No se ponen de acuerdo entre ellos", añadió.

"Incluso están bloqueando el nombramiento de nuestro embajador en Guatemala cuando están exigiendo que paremos el flujo de niños de Guatemala", se lamentó el mandatario.

La nueva propuesta de ley de los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara baja, es muy similar a la anterior, aunque introduce algunos cambios para satisfacer a los miembros del populista Tea Party o Partido del Té.

Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, son conscientes de que si se van de vacaciones sin aprobar legislación para atajar la crisis en la frontera, los demócratas pueden utilizarlo electoralmente en su beneficio en las elecciones legislativas de noviembre. Y han girado a la derecha para tratar de obtener los votos suficientes para aprobar la ley. 

Obama también criticó a los republicanos por no poner fecha para la votación en la Cámara de Representantes de la reforma migratoria, aprobada por el Senado en junio de 2013 y que hubiera resuelto, según el presidente, "algunos de los problemas que estamos ahora viendo en el valle de Río Grande con estos niños no acompañados". Aunque la Cámara de Representantes apruebe hoy algún tipo de legislación, será algo simbólico, ya que el Senado no aprobará su versión porque los republicanos impidieron ayer el debate en la Cámara alta.

De todas formas, hubiera sido muy difícil obtener un texto único en el comité de conciliación, ya que ambos partidos presentaron propuestas diametralmente opuestas y hoy es el último día en el calendario legislativo antes del receso de verano.

Lo que está claro es que el presidente Obama no tendrá los 3.700 millones de dólares que había solicitado al Congreso para lidiar con la crisis humanitaria en la frontera, provocada por la llegada desde el pasado mes de octubre de más de 57.000 menores no acompañados, la mayoría procedente de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El gobierno calcula que al final de este año fiscal (que acaba en septiembre) su número podría alcanzar los 90.000.

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