Presidente de Escondida lamenta falta de acuerdo y reitera suspensión de producción por huelga

El presidente de Minera Escondida, Marcelo Castillo, realizó un llamado a los trabajadores a preservar la seguridad en el marco de la huelga que este jueves iniciarán los cerca de 2.550 empleados sindicalizados de la compañía.

"Nuestro compromiso como compañía siempre ha sido privilegiar el diálogo y agotar todas las instancias establecidas para alcanzar un consenso, y así lo hemos hecho. No obstante, el consenso no ha sido posible en esta etapa, y por consiguiente estamos frente a un inminente escenario de huelga legal", dijo Castillo a través de una mensaje enviado a los trabajadores de la minera.

Castillo reafirmó la decisión de la Compañía de no producir en escenario de huelga.

"Sin importar el contexto, la seguridad debe tener la prioridad siempre. Por esta razón, es que asumimos que no produciremos durante este periodo, como una acción clara y enfática de que para nuestra compañía la seguridad va antes que cualquier resultado o proceso", explicó.

El ejecutivo, además hizo un llamado a los trabajadores, a evitar situaciones de violencia. "Tengo confianza en que la gran mayoría de nuestras trabajadoras y trabajadores no están dispuestos a poner en riesgo lo que juntos hemos construido. Asimismo, confío en que los líderes sindicales sabrán encauzar correctamente la huelga legal, evitando actos de violencia y situaciones que estén al margen de nuestra Carta de Valores y la ley. Por nuestra parte, seremos muy estrictos en resguardar la seguridad y el orden y tomaremos todas las acciones que nos permite el ordenamiento jurídico para que así sea", añadió.

Los trabajadores optaron por abandonar el proceso de mediación ante la Dirección del Trabajo, conocido como buenos oficios, luego que la empresa se negara a aceptar la solicitud de entregar los mismos beneficios a los empleados actuales y futuros, ya que a juicio del sindicato esto crearía empleados de primera y segunda categoría dentro de la misma firma.

Sin embargo, de lograr alcanzar un acuerdo en este punto, un posible acercamiento se ve complejo dada la alta diferencia entre las posturas económicas de ambas partes.

Inicialmente, los trabajadores solicitaron un reajuste salarial de 7%, a lo que sumaron un bono de término de conflicto de $25 millones y la mantención de todos los demás beneficios, en un contrato con una duración máxima de 36 meses. La empresa, a su vez, ofreció un bono de $8 millones, reajuste cero y la revisión de parte importante del contrato vigente, con una duración de 48 meses (el máximo permitido).