Profesores y estudiantes mexicanos amenazan con tomar alcaldías por los 43 jóvenes desaparecidos

Profesores y estudiantes mexicanos amenazan con radicalizar sus protestas por la desaparición de 43 jóvenes con  una toma masiva de alcaldías y bloqueos de carreteras a partir de este jueves  en la conflictiva región de Guerrero (sur).

Casi tres semanas después de la desaparición de los estudiantes en ataques  de la policía y sicarios, sus compañeros acordaron con medio centenar de  organizaciones sindicales y sociales incrementar la presión sobre las  autoridades para que los encuentren con vida. 

Las movilizaciones contemplan la toma de control a partir del jueves de los ayuntamientos de los 81 municipios de Guerrero, incluido Iguala, donde fueron  atacados los jóvenes la noche del 26 de septiembre.

También se prevén bloqueos de carreteras y la ocupación de casetas de peaje de la turística autopista que conecta Ciudad de México y el balneario de  Acapulco (Guerrero), donde también se llamó a una gran manifestación el viernes.

"El acuerdo es seguir la movilización para presionar al Estado (...) Va muy  lento el trabajo (de búsqueda), no hay nada hasta el momento", dijo a la AFP  Tonantzin Beltrán, miembro de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de  la Educación en Guerrero).

La CETEG, una fracción radical del sindicato nacional de maestros, ya  encabezó las fuertes manifestaciones del lunes en Chilpancingo, capital de  Guerrero, que derivaron en choques con la policía y el incendio parcial de la  sede del gobierno regional.

En Guerrero, una de las regiones más empobrecidas y azotadas por el  narcotráfico, existe un crisol de activas organizaciones sociales en conflicto  permanente con las autoridades. La misma CETEG llevó a cabo el año pasado una  campaña de protestas durante meses contra una reforma educativa nacional.

CRECE LA TENSIÓN ESTUDIANTIL

La falta de noticias sobre el paradero de estos jóvenes, alumnos de una  combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), está  desesperando a México y sobre todo a su comunidad educativa.

En Ciudad de México, miles de alumnos de grandes universidades públicas en  huelga marcharon el miércoles hasta la céntrica sede de la fiscalía general y  algunos de ellos, la mayoría encapuchados, rompieron a pedradas los vidrios de  su fachada.

Mientras la tensión sigue en aumento, el presidente Enrique Peña Nieto pide  tiempo para esclarecer este caso que ha llamado la atención mundial y que está  plagado todavía de interrogantes.

Las autoridades sostienen que los 43 estudiantes que sobrevivieron a los  ataques, en los que hubo seis muertos, fueron entregados por policías de Iguala  y de la vecina localidad de Cocula a miembros del cártel local Guerreros Unidos.

Basándose en testimonios de sicarios detenidos, los investigadores  sospechan que los jóvenes fueron asesinados y enterrados en algunas de las  numerosas fosas clandestinas halladas después en los cerros de Iguala, un feudo  de los criminales donde se deshacen de sus víctimas. 

Las pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres encontrados determinaron que  entre ellos no están los estudiantes, pero sumaron otro capítulo de horror a  este caso.

Ahora hay otras 28 personas, que no se sabe quiénes son, que fueron asesinadas y enterradas en Iguala, como al menos otra cincuentena en lo que va  de año en esta localidad bautizada como "cementerio" clandestino por sus  propios y aterrados habitantes. 

Los familiares de los jóvenes se resisten a creer que ése fue el destino de  sus hijos y aseguran que siguen en manos de policías de Iguala fugitivos.

Mientras se analizan otros cadáveres encontrados, cerca de un millar de  policías y miembros de grupos de autodefensa de Guerrero siguen desplegados en  Iguala y alrededores, a solo 200 km de Ciudad de México.

CAE OPERADOR FINANCIERO

La fiscalía ha detenido a casi 50 personas -incluidos 40 policías- pero  admite que aún no tiene a los autores intelectuales del crimen ni puede  determinar sus motivos.

Más pruebas van apareciendo de la infiltración en Iguala de los Guerreros  Unidos, el cártel dominante en esa región.

La fiscalía reportó la noche del miércoles la detención de Raúl Núñez  Salgado, presunto operador financiero de los Guerreros Unidos. 

Según la fiscalía, Núñez Salgado entregaba cada mes 600.000 pesos (43.000  dólares) al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado  Valladares, quien es buscado por la policía al igual que el alcalde de Iguala y  su esposa.

La mujer del edil, hermana de tres narcotraficantes, es señalada de pedir a  la policía que actuara contra los estudiantes por temor a que arruinaran un  discurso que iba a ofrecer como responsable local de un organismo público de  protección a la infancia.

Los estudiantes, la mayoría entre 18 y 21 años, habían viajado de  Ayotzinapa a Iguala para recaudar fondos y en el momento del ataque estaban a  bordo de varios autobuses de los que se habían apoderado para regresar a su  escuela.