Propuesta de reforma universitaria divide a Perú y temen mayor control estatal

Se discutirá a partir de 2014, pero la reforma a la Ley Universitaria en Perú ya genera polémica y divide al país. La semana pasada, la Comisión de Educación del Congreso aprobó todos los capítulos de la nueva normativa, que es resistida por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), porque sostienen que afectaría la autonomía de los centros de estudio y porque supondría un mayor control estatal. El lunes, el propio Presidente Ollanta Humala salió en defensa de la ley al instar a los jóvenes a que "no vayan a universidades de medio pelo".

La comisión que impulsa el proyecto está presidida por un congresista de Perú Posible, el partido del ex presidente Alejandro Toledo, pero la bancada humalista apoya la idea. Entre otras materias, se propone la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), que reemplazaría a la asociación de rectores. Este organismo supervisará la calidad educativa, fiscalizará el uso de los recursos y autorizará el funcionamiento y cierre de las universidades. Aunque la idea central es mejorar la calidad de la educación peruana, 35 Ues. públicas y privadas, la Federación Nacional de Docentes Universitarios y la Federación de Estudiantes se oponen a las competencias de la Suneu.

"Esto supone un peligroso tipo de estatización de las universidades privadas y públicas", señaló un reciente editorial del diario El Comercio. En asuntos estrictamente académicos, la ley universitaria propone que el grado de bachiller se obtenga obligatoriamente tras una tesis; para la licenciatura, además de una tesis, se deberá demostrar el dominio de un idioma extranjero o una lengua nativa; quien repita un ramo podría pagar un monto extra; la gratuidad en la enseñanza pública será para una sola carrera y se pondrá fin a los "alumnos eternos", ya que estarán obligados a matricularse en un mínimo de 12 créditos (valor de los cursos).

Para la asamblea de rectores, todo eso afecta la independencia de las universidades. Además, los centros de estudios estarán obligados a invertir en investigación (15% del presupuesto para las Ues. públicas y 25% para las privadas) y si las universidades no logran acreditar su calidad en tres evaluaciones inmediatas serán clausuradas. Otro punto controversial es el sistema de ingresos. Según la propuesta, el sistema de admisión sería libre y habrá dos ciclos básicos de "estudios generales" que durarán dos semestres. Para continuar con los estudios superiores, los estudiantes deberán someterse a una evaluación.

Actualmente, cada casa de estudios tiene su propio sistema de ingreso.

Muchas universidades privadas en Perú se han convertido en una referencia de excelencia en ese país. En ese ámbito destacan la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad del Pacífico, entre otras. Sin embargo, paralelamente han surgido muchos centros de estudios privados con deficiencias. Por su parte, en el sector público destacan la U. San Marcos (la más antigua de Sudamérica), la U. Nacional Agraria La Molina y la U. Nacional de Ingeniería (UNI).

Según la prueba PISA, el nivel educativo peruano se ha estancado. Además, sólo tres universidades peruanas (Católica, San Marcos y Cayetano Heredia) aparecen entre las 100 mejores de América Latina, según el ranking QS, en contraste con las 12 universidades chilenas, 28 brasileñas y 12 colombianas que aparecen entre las Top 100. En ese marco, la reforma universitaria apunta a centros de estudios con baja calidad en la educación. "Hay muchas universidades que son calamitosas, una estafa, y se quiere crea una regulación para el sector", explicó a La Tercera el analista político y columnista del diario La República, Augusto Alvarez.

Humala no sólo ha criticado la calidad de ciertas universidades, a las que ha acusado de "buscar beneficios económicos", sino que acusó a los políticos de manipular a los jóvenes, de "meter a sus operadores al Congreso y copar la comisión de Educación para que nunca les quiten los privilegios".

"La declaración de Humala contra las 'universidades de medio pelo' no solo toca a ciertos políticos y partidos opositores, sino a los que viven del 'apoyo' de ciertas universidades, como Alan García, (al mando de la) Escuela de Gobierno en la U. San Martín, cuya autoridad máxima es su ex ministro de Educación, José Antonio Chang", señaló Pedro Tenorio, politólogo peruano y director de la revista Correo Semanal. Para García, la ley universitaria "amenaza la libertad de pensamiento y al sistema universitario".