Proyecto de interventor incluye multas y penas de presidio para infractores

Sanciones penales y económicas para quienes incurran en irregularidades en instituciones de educación superior, mientras dure la gestión del administrador provisional, es uno de los puntos del proyecto de ley que regula las facultades del interventor de planteles (ver infografía). La iniciativa fue enviada el lunes al Congreso por la Presidenta Michelle Bachelet.

Según se establece en el artículo 29, serán sancionados "con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo" las personas que continúen ejerciendo funciones directivas o dispongan de los bienes de la institución, y realicen acciones que perjudiquen el patrimonio de la misma. Este artículo, además, dispone de multas que van entre las 200 y 500 UTM.

Asimismo, en su artículo 18, el proyecto señala que el ministerio podrá declarar "la inhabilidad" de las personas que cometieron irregularidades imputables, para evitar "continuar ejerciendo en aquella (institución intervenida) los cargos, calidades o funciones".

El proyecto, que fue presentado con "suma urgencia", fue discutido ayer por la Comisión de Educación de la Cámara, que tiene ocho días para enviarlo a su par de Hacienda, antes de ingresar a sala.

Por esto, existe preocupación entre algunos parlamentarios por los plazos. "Ocho días de corrido es muy acotado, vamos a tener que ver cómo sesionamos extraordinariamente para cumplir", afirmó el presidente de la comisión, Mario Venegas (DC).

Sobre las sanciones penales para quienes desvíen bienes, la diputada Cristina Girardi (PPD) dijo que "esto debiera aplicarse también para atrás, o sea, no puede ser que sólo cuando se llame a un interventor se aplique algún tipo de sanción".

Parlamentarios de oposición solicitaron que este proyecto sea debatido en paralelo con el de la superintendencia de educación superior, proyecto que está fijado para los 100 primeros días de gobierno, pero que no tiene fecha  de ingreso al Parlamento.