Proyecto fija penas de cárcel por delitos contra la competencia, pero exime al primer delator

"Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y eso quede sin penas de cárcel efectiva". Con esas palabras, la Presidenta Michelle Bachelet enfatizó uno de los aspectos centrales del proyecto de ley con que el gobierno busca fortalecer el sistema de defensa de la libre competencia y que ingresaría hoy a la Cámara de Diputados.

La iniciativa -que iba a ser presentada en diciembre de 2014- propone acciones en tres áreas: endurecimiento de sanciones en caso de colusión; control preventivo en fusiones, y mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Penas de cárcel

El proyecto de ley del Ejecutivo propone reestablecer penas de cárcel -derogadas en 2003- desde 5 años y un día y hasta 10 años, para castigar los delitos de colusión. Según una minuta elaborada por el Ministerio de Economía, se espera que ello "disuada de forma efectiva la participación de personas naturales en este tipo de prácticas".

Se establece, además, la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, de director o gerente en empresas del Estado, en sociedades anónimas abiertas, y así como cualquier cargo director en asociaciones o colegios profesionales, por un plazo de cinco años contados desde la sentencia.

Las investigaciones criminales desarrolladas por el Ministerio Público sólo podrán iniciarse cuando la FNE se querelle ante el respectivo juzgado de garantía.

Para las penas de presidio se establece una exención de responsabilidad en beneficio de quienes se acojan a la delación compensada. Esta excepción operará únicamente para el primer delator.

Mayores multas

En línea con endurecer las sanciones por colusión, se elevan las multas desde un máximo de 30.000 UTA (US$ 25 millones aproximadamente)- a una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido. De no ser posible su determinación, las multas podrían alcanzar hasta el 30% de las ventas del infractor correspondientes al período durante el cual se prolongó la infracción.

Junto a ello, y dado que el proyecto también concibe a los carteles como prácticas manifiestamente anticompetitivas, los tribunales estarán autorizados a condenar a quienes incurran en ellas, sin necesidad de hacer un análisis del mercado ni de su efecto anticompetitivo.

Fortalecimiento de la FNE

El proyecto propone establecer también penas de cárcel para quienes proporcionen información falsa a las investigaciones de la FNE. Además, contempla multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información que efectúe el organismo, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar.

También se otorga al organismo una nueva facultad para realizar investigaciones de mercado. Para ello podrá recibir información de particulares e instituciones públicas.

Adicionalmente, se plantea dotar de dedicación exclusiva a los ministros titulares del Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC).

Control de fusiones

El proyecto porpone, además, avanzar hacia un sistema de notificación obligatoria y preventiva de todas las operaciones que sobrepasen "ciertos umbrales monetarios", junto a sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

La FNE tendrá 25 días desde la notificación para determinar si realiza una investigación. Para evaluar la operación tendrá 90 días.

En el caso de que la operación sea aprobada con condiciones o rechazada por la FNE, las partes podrán reclamar ante el TDLC en el caso que se sientan perjudicadas con la decisión de la FNE.

La competencia de la Corte Suprema en este ámbito quedará limitada al recurso de queja. Esto se fundamenta en el hecho de que "el control de operaciones de concentración es una materia eminentemente técnica y en que existe una doble revisión de la operación por organismos especializados, uno de ellos un Tribunal de la República, lo que garantiza el debido proceso".