Proyecto fija tope para defensa gratuita en juicios laborales

Hace 15 meses, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la creación de la Defensoría Laboral, una institución que asegurara asesoría legal a los trabajadores en disputas judiciales con sus empleadores. Y aunque hasta ahora el proyecto que institucionaliza el nuevo modelo aún no ha llegado al Congreso, ya hay un proyecto listo, que data del 20 de mayo de este año.

"Podrán tener la calidad de beneficiarios y derecho a prestaciones gratuitas quienes acrediten, a través del procedimiento y con los antecedentes que establezca el reglamento, tener un ingreso familiar bruto igual o inferior a $ 380.000 mensuales", establece el texto, al que accedió La Tercera.
La iniciativa fue redactada casi íntegramente por el Ministerio de Justicia, con la colaboración de las carteras de Trabajo y Hacienda, pero aún no se ha decidido su envío.

Y aunque se permite la gratuidad de la asesoría, el plan sostiene que el servicio estará habilitado -en los casos que determine el reglamento- a cobrar un copago por las prestaciones efectuadas.

El reglamento será aprobado por el Ministerio de Justicia, pero además deberá contar con la firma de Hacienda. Esta cartera será la que fijará los criterios y mecanismos para determinar la calidad del beneficiario, los criterios para determinar los ingresos del grupo familiar, los sistemas de control y evaluación, así como los tramos de copago y el arancel de los servicios.

NUEVO ORGANISMO
El proyecto gubernamental propone la creación de un Servicio Nacional de Asesoría Jurídica que reemplazará a las actuales corporaciones de Asistencia Judicial. Por ello, absorberá todas sus funciones actuales. El Servicio tendrá ahora cuatro especializaciones: derecho laboral, familia, civil y víctimas de delitos, establece el documento.
El organismo estará sometido a la supervigilancia del Ministerio de Justicia y el director nacional del servicio y sus directivos de segundo nivel serán seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Pero también el sistema podrá externalizar juicios. En su artículo 40, relativo a los prestadores y responsabilidades, el texto señala que las prestaciones "podrán ser realizadas también por profesionales externos contratados ya sea mediante licitaciones, concursos o contratos convocados en cada región". Los concursos se realizarán según bases y condiciones específicamente aprobadas por un Consejo Nacional de Asesoría Jurídica (ver recuadro).
Plazos y plantas

La transformación es mayor y como tal, fija una gradualidad en la creación del nuevo organismo y un plazo final de tres años para estar operativo en todo el país. Al cabo de 12 meses comenzará en cuatro regiones. En la Región Metropolitana el plazo será un poco mayor: 24 meses.
El nuevo ente absorberá, además, a los trabajadores de las actuales corporaciones de Asistencia Judicial y tendrá una planta máxima de 1.239 empleados durante su primer año de vigencia.