¿Qué pasó con la sanción a Joannon?

El pasado 12 de agosto, el sacerdote Alex Vigueras, superior de la Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.), formuló, públicamente, a través de una conferencia de prensa, dos peticiones al religioso Gerardo Joannon, miembro de la misma orden. La primera era muy clara: "Que haga un gesto de reparación, consistente en reconocer la verdad, asumir sus responsabilidades y pedir perdón a las personas que han sido afectadas".

La segunda determinación adoptada por Vigueras -quien, a nombre de la congregación, solicitó perdón a las víctimas- fue que, en octubre, Joannon se trasladara a Madrid, España, para "iniciar allí un proceso de acompañamiento sicológico y espiritual". Durante ese lapso no  tendría "encargos pastorales".

Aquella vez, el ambiente en la sala de conferencias estaba tenso. Los SS.CC. acababan de reconocer que la investigación eclesiástica en torno a Joannon ratificaba que este sacerdote "participó activamente" en dos casos de "adopciones irregulares". Ambos ocurridos a principios de los 80. Y, además, enumeraron una serie de faltas del presbítero, entre ellas el haber celebrado misas de defunción, durante años, por  menores que el religioso sabía, aparentemente, que estaban vivos.

Ya han pasado 19 días de aquella declaración y Joannon, al menos de momento, no puede viajar a Madrid. El juez Mario Carroza, quien lleva la causa penal sobre las adopciones irregulares, dictó una orden de arraigo en su contra. El reciente jueves, de hecho, en su despacho, le tomó declaración por segunda vez. Y destacó que estaba colaborando.

Sin embargo, respecto de la primera petición eclesial, tampoco ha habido novedades, al menos en forma pública. El vocero de la familia Rillón, una de las afectadas y aludidas en la investigación, asegura que el sacerdote "no ha tomado ningún contacto con nosotros. Sólo sabemos de él por la prensa".

Eduardo Novoa, abogado de Joannon, dijo el jueves a La Tercera que el sacerdote "nunca ha tenido mal ánimo, es una persona muy positiva; considera que todo lo que realizó, en relación con las adopciones, fue una intervención de apoyo y acompañamiento a las familias".

CANONISTA Y EPISCOPADO

Desde la perspectiva jurídico-canónica, la obediencia de un religioso a su superior tiene dos ámbitos: el exhortativo, en el cual la persona aludida tiene un espacio de reflexión y discernimiento propio, con libertad de conciencia; y otro espacio más jurídico y vinculante.

Ana María Celis, abogada y experta en derecho canónico, destaca que en la Iglesia son muy importantes las exhortaciones. "No se trata de algo estrictamente vinculante, sino que se espera que la persona aludida adhiera a lo que se le plantea, a través de una reflexión en conciencia", dice. Diferente es cuando una autoridad "formalmente le pide una determinada acción, estableciendo qué pasa en caso de contravención", agrega.

En relación a lo ocurrido en los SS.CC., sólo se conoce lo planteado en la declaración pública, pero no si la congregación dio algún otro paso más formal en la esfera privada.

Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, destacó que "en la Iglesia la obediencia implica determinadas consecuencias, dependiendo del tipo de falta, pero no es ciega. Siempre predomina la libertad de los hijos de Dios".

Arturo Fellay, gestor de la Fundación Nos Buscamos, que agrupa a víctimas de adopciones irregulares, destaca que "no hemos visto ningún gesto concreto del sacerdote acusado. Sólo parecen haber sido palabras para frenar la presión social. La imagen que queda es mala".

Dentro del derecho canónico se establecen diferentes tipos de sanciones en un instituto religioso (congregación), desde simples amonestaciones hasta la expulsión del involucrado, si es que se acredita una conducta que lo merezca. Los SS.CC. declinaron referirse al tema. Por ahora, los antecedentes, y teóricamente nuevos pasos a seguir, los evalúa su superior general.