Reforma tributaria incluirá medidas de incentivo a la inversión privada

Cuando en junio del año pasado la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet presentó su propuesta de reforma tributaria, la economía chilena comenzaba a evidenciar los primeros síntomas de un ciclo de desaceleración que según los expertos se extenderá, al menos, durante todo 2014. Pero por esos días la magnitud de esa ralentización era aún una interrogante. Las expectativas de crecimiento, si bien retrocedían, se ubicaban apenas debajo del 5% -en línea con el potencial-, y la inversión seguía creciendo, aunque a menor ritmo, a tasas cercanas al 10%.

Hoy esas expectativas han ido decantando hacia la baja, con proyecciones de crecimiento en torno al 3,5%, impulsadas  por la fuerte caída de la inversión, de 12% el último trimestre de 2013, incluyendo un desplome de 28% en  maquinarias y equipos.

Con ese panorama en mente, esa propuesta de reforma tributaria, convertida  en un proyecto de ley que la hoy Mandataria ingresará al Congreso este lunes, apuntará con énfasis a la introducción de herramientas de estímulo a la inversión privada.

El diagnóstico del gobierno, comentan fuertes cercanas, es que de profundizarse la caída en la inversión los cuestionamientos a la reforma -principalmente respecto de la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT)- podrían acrecentarse. En caso contrario, si junto con la mayor recaudación de la reforma,  US$ 8.200 millones adicionales en régimen, se logra impulsar o al menos detener la caída de la inversión privada, ese flanco de críticas es significativamente menor.

FORMULAS

Por ello, cercanos al proceso comentan que el proyecto considerará un pilar dedicado sólo a estímulos a la inversión. En esa línea, una de las opciones es modificar los plazos respecto de la eliminación del FUT -registro contable en el que los privados anotan las utilidades destinadas a inversión y que quedan, por tanto, provisoriamente exentas de gravamen hasta que sean retiradas-, que ha sido una de las medidas más resistidas por el empresariado. La propuesta original considera el paso a tributación sobre utilidades devengadas -sean retiradas o no por los accionistas-, a partir del cuarto año de la reforma, mismo plazo en el que se elimina el FUT y en el que el impuesto de primera categoría (de las empresas) sube de 20% a 25%.

El matiz respecto de esto último es que el FUT se comience a eliminar gradualmente el cuarto año -no de una vez-, de manera de estimular a los privados a reinvertir esos recursos durante los cuatro años de administración Bachelet. Ese incentivo se reforzaría agregando al impuesto de primera categoría (que llegaría inicialmente a 25%) un 10% adicional por concepto de retención -tal como la  que se aplica mensualmente a quienes trabajan a honorarios-, sumando un impuesto corporativo de 35%, idéntico nivel en el que se situaría la tasa máxima del  global complementario (de las personas), hoy en 40%.

Esta retención se reliquidaría a fines de cada año. Como el sistema tributario mantendría su carácter integrado, si los ingresos totales de una accionista de una sociedad lo ubican debajo del tramo máximo de impuesto global complementario de 35%, tendría derecho a una devolución de impuestos por parte del Fisco.

La existencia de tasas idénticas de gravamen corporativo haría innecesaria la existencia del FUT, ya que las utilidades de una empresa habrán tributado anticipadamente por el máximo de impuesto personal que podrían pagar sus socios.