Restricción a Transelec de entrar en generación explicaría plan de venta

Sin éxito, Transelec intentó ante el gobierno que se derogara una norma antigua, pero que le afecta casi de manera exclusiva a la empresa controlada por el fondo canadiense Brookfield: el impedimento legal para que empresas del sector transmisión entren en el negocio de generación.

Esta separación de funciones, que data la Ley Corta I de Energía, buscaba evitar que una misma empresa, en este caso, Endesa y Transelec -que estuvieron integradas hasta hace unos 17 años- tuviera participación en los negocios de transmisión y generación de manera simultánea. Entonces, se forzó a que Endesa -hoy Enel Generación- vendiera Transelec al considerarse que la integración vertical resultante de la estructura de propiedad era "ilegal" y "contraria a la libre competencia".

Sin embargo, con los años Transelec -ya con sus nuevos dueños, el fondo Brookfield- intentó que en los cambios normativos impulsados por el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, a partir de 2014, se eliminara esa restricción, pues se consideraba que ya existía suficiente competencia en la industria y que ya no se justificaba.

A esto se suma el hecho de que Brookfield había puesto entre sus prioridades de inversión en la región el negocio de generación eléctrica. Prueba de ello es que ganó a Colbún la pugna por quedarse con el control de la eléctrica colombiana Isagen, lo que le valió su ingreso como un importante actor a ese segmento en el país sudamericano. En la misma línea, buscaban activos de generación en Perú, imposibilitados de hacerlo en Chile.

A fines del año pasado, uno de los socios de Brookfield visitó el país, ocasión en la que señaló que si bien la empresa está comprometida con el negocio que tiene en Chile, los accionistas no quieren invertir solo en transmisión, sino que también en generación y distribución eléctrica.

Ayer, en tanto, fuentes del fondo Brookfield confirmaron la apertura de un proceso de venta del 28% que Brookfield tiene directamente en Transelec, mandato que poseen los bancos Santander y Scotiabank.