Revelación de testigos protegidos: la petición que complica la investigación de atentados en Biobío

Más de 60 testigos pretenden ser presentados en el juicio oral por el ministerio público en la causa contra Emilio Berkhoff, por los delitos de robo con intimidación, incendios reiterados, y porte ilegal de armas y municiones, en seis hechos distintos.

En tanto, ocho testigos se mantienen con reserva de identidad en la causa que investiga a cuatro imputados por el atentado incendiario que cobró una víctima fatal y que consumió nueve viviendas, en el sector de Tucapel Bajo, en Concepción.

Ambas causas, investigadas por la fiscalía regional de Biobío, se mantienen "congeladas", luego que los defensores pidieran revelar los nombres de dichos testigos, a lo cual el ministerio público se opuso "por resguardar su integridad".

El fiscal regional, Julio Contardo, explicó a La Tercera, que en los dos casos la situación es compleja, pues, "si el riesgo para los testigos es muy grande y no desean participar en un juicio en una situación de desprotección como es la que se vislumbra, el ministerio público va a optar por no perseverar en las investigaciones".

Además, dijo Contardo, "podría darse el caso que desistiéramos presentar determinados testigos, atendiendo la circunstancia, y podría restar fuerza probatoria a la acusación. No vamos a exponer a víctimas ni a testigos a hechos que puedan atentar contra su vida, su integridad física o la de su familia".

EN MANOS DE TRIBUNALES SUPERIORES

Se espera que dentro de los próximos días, la Corte de Apelaciones de Concepción resuelva el recurso de protección presentado por la fiscalía en el caso Berkhoff, que busca evitar la determinación del tribunal que acogió la solicitud de la defensa y ordenó dar a conocer la identidad de los testigos. Tras ello, lo más probable es que sea la Corte Suprema quien tenga la última palabra.

En tanto, explicó el fiscal Contardo, el tribunal de alzada falló a favor de la defensa de los imputados del incendio en Tucapel Bajo, y el ministerio público apeló ante la Suprema. Si ésta respalda las instancias anteriores, fiscalía deberá entregar los datos de los testigos, o eliminarlos de la prueba en el juicio.

Paralelamente, la fiscalía recurrió ante el Tribunal Constitucional, aduciendo que los jueces de garantía se estarían atribuyendo una competencia que es propia y exclusiva del organismo investigador, inmiscuyéndose por tanto en el ámbito persecutor y en su deber de otorgar protección a las víctimas y testigos.