Rey Felipe VI prohíbe a la familia real española aceptar regalos y favores

La familia real española no podrá recibir regalos de alto valor económico ni favores que puedan comprometer "la dignidad" de sus funciones, según estableció Felipe VI.

Así lo recoge el régimen que ha aprobado hoy la Casa del Rey por orden del nuevo monarca, quien sucedió en el trono a su padre, Juan Carlos I, el 19 de junio.

Detrás está la ofensiva por la transparencia que ha iniciado el monarca en su batalla por mejorar la imagen de la institución, que en los últimos tiempos del reinado de su padre se hundió. 

La normativa, que entrará en vigor el 1 de enero, obliga a los miembros de la familia real a entregar a Patrimonio Nacional los regalos institucionales que reciban.

En el caso de premios que supongan una prestación económica, el montante será destinado a una entidad sin ánimo de lucro. 

Aquellos regalos de carácter personal solo podrán ser aceptados "cuando no superen los usos habituales, sociales o de cortesía". 

Es la primera vez que la Casa del Rey regula los presentes que llegan a la familia real española, formada ahora por los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, los reyes Felipe VI y Letizia y las dos hijas de ambos, la princesa Leonor y la infanta Sofía. 

Con esta norma, Felipe VI no podrá aceptar obsequios como el yate que un grupo de empresarios regaló a su padre en el año 2000. Antes de abdicar, y salpicado ya por los escándalos que restaron popularidad a su imagen, el monarca renunció a su uso.

La Casa del Rey publicará anualmente la lista de regalos y obsequios institucionales entregados a la familia real, indicando el donante y el organismo al que se entrega. 

En su ofensiva por la transparencia y la modernización de la institución monárquica, el rey Felipe VI ya prohibió a finales de julio que los miembros de la familia real trabajen en el sector privado. 

Fue una respuesta al caso de corrupción en el que está imputada su hermana la Cristina de Borbón y en el que el que su yerno, Iñaki Urdangarin, tiene el papel protagonista, acusado de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio cuando ambos estaban al frente de una organización supuestamente sin ánimo de lucro.

Además, el monarca decidió someter las cuentas de la Corona a la Intervención General del Estado, a modo de auditoría externa, una medida que otras casas reales europeas impusieron ya antes. Hasta entonces eran auditadas pero de forma interna.