Salida de Spiniak reabre debate sobre seguimiento a condenados por abusos

Horas antes de que Claudio Spiniak dejara este lunes la cárcel de Alta Seguridad (CAS) -tras pasar recluido los últimos 10 años, por delitos contra menores- un grupo de manifestantes se reunió afuera del penal para protestar, con pancartas y lienzos, por su liberación.

Fue el punto de partida del debate sobre las condenas que se aplican a los autores de ilícitos contra menores y, en segundo término, del seguimiento que los organismos del Estado realizan a los sentenciados, cuando éstos ya han cumplido sus penas.

Respecto de esto último expertos manifiestan que es necesario monitorear la integración social de los ex reos, para evitar que reincidan.

MONITOREO

Los especialistas tienen una opinión crítica sobre el actual sistema. Carolina Bascuñán, directora de la Fundación Crecer con Justicia, sostiene que debe existir un registro de libre acceso para que los sentenciados por estos actos no vuelvan a acercarse a niños: "Creo que es bastante poco probable asumir que estas personas seguirán con vigilancia una vez que hayan salido libres".

Recalca que otro de los aspectos a desarrollar son planes que prevengan la reincidencia. Estos deben considerar "programas que los monitoreen, los acompañen en la integración social, para que uno se asegure de que no continúen ejerciendo agresiones sexuales a menores".

Ramón Suárez, abogado de la Fundación Amparo y Justicia, asegura que las sanciones que arriesgan quienes cometen ilícitos de orden sexual en contra de menores "son suficientes, en el caso de que la labor investigativa se realice de manera correcta".

Sin embargo, advierte que, en el futuro, todas las declaraciones de las víctimas deberían ser tomadas por especialistas: "Ellos pueden obtener una información más depurada del niño o niña. En la actualidad se vulneran sus derechos exponiéndolos a diferentes interrogatorios".

Por otra parte, Francisco Estrada, director de la Escuela de Derecho de la U. Autónoma y ex titular del Servicio Nacional de Menores (Sename), cuestiona los beneficios que se entregan a los condenados: "No es que las penas sean bajas, sino que los beneficios de la Ley 18.216 se aplican de manera muy automática, sin considerar los agravantes". Añade que "para quienes abusan de menores no existe ningún sistema ni protocolo que garantice su resocialización. Las penas se debieran cumplir completas, pero en nuestro sistema existe un horror a la cárcel, siempre se cree que se debe evitar a toda costa".

REGISTRO DE INHABILIDADES

Un tercer punto de la discusión tras la salida de Spiniak comenzó cuando un grupo de parlamentarios propuso revisar la ley que en 2012 creó el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños y adolescentes, por haber sido condenadas por delitos sexuales contra menores.

El detonante de esta arista fue que Spiniak no figura en ese registro, puesto que fue condenado en 2003, antes de que esta norma existiera.

El senador DC Patricio Walker sostiene que, junto a un grupo de parlamentarios, pidieron a abogados constitucionalistas analizar si es posible dictar una ley interpretativa, que permita incluir en el registro de inhabilidades a personas que ya cumplieron su pena, como Spiniak: "(La idea es que) permita incorporar esto a las sentencias que se han dictado antes de mediados de 2012".

Destaca que el argumento legal que evalúan es que no se trataría de volver la ley retroactiva, sino que de entregar "una información de las condenas que, en rigor, son públicas".

Al respecto, su par, Carlos Larraín (RN), manifiesta que "mi posición es sancionar a quienes son pedófilos. Hay que ver si es procedente darle un componente retroactivo a la ley (...). Yo no estoy cerrado a que se vuelva a estudiar, porque trabajé en el tema". Sobre este punto, el ministro (S) de Justicia, Juan Ignacio Piña, afirma que "no es posible, por mandato constitucional, imponer una sanción que no existe en la ley antes de la fecha de comisión de los hechos".

De acuerdo al catastro del Registro Civil, en Chile hay actualmente 1.474 personas inhabilitadas para trabajar con menores. Desde 2012, cuando se implementó la plataforma para que los ciudadanos verifiquen si alguien está impedido de desempeñarse con niños y adolescentes, 343 mil personas han consultado el sistema. De acuerdo a la Superintendencia de Educación, han detectado a 23 personas condenadas por delitos contra menores que trabajaron en planteles.