Salud crea grupo de expertos y le da plazo de 48 horas para resolver casos de aborto

Un plazo máximo de 48 horas tendrá un grupo de expertos, convocados el pasado 11 de octubre por la Ministra de Salud, Carmen Castillo, que recepcionará y analizará los casos en que se solicite la interrupción del embarazo en las tres causales que especifica la Ley 21.030, y que por diversas razones no puedan ser resueltos en los hospitales donde originalmente se requiera la atención. Esto, mientras dura el plazo de 90 días que tiene la normativa para que se elaboren las normas técnicas y reglamentos que permitirán implementarla en la práctica, y que se cumplen el próximo 23 de diciembre.

En el texto, firmado por Carmen Castillo, al que tuvo acceso La Tercera, se indica que los datos de los casos que no puedan ser resueltos por la institución médica a la cual acudió la paciente "serán sometidos a conocimiento y evaluación de este grupo de expertos, cuya constitución como grupo de trabajo temporal he dispuesto con esta fecha (11 de octubre), a fin de que, en forma inmediata y con plazo máximo de 48 horas desde la recepción, analice el caso y formule recomendaciones, con la finalidad de brindar apoyo en cada caso (...)".

La distribución del instructivo comenzó días después de que el nivel central del Minsal tomara el control del caso de una niña de 13 años de Castro, Chiloé, que requirió de la interrupción de su embarazo, producto de una violación, pero cuya atención le fue negada, supuestamente por no haber personal para realizarla.

El Minsal tuvo que trasladar a la menor hasta Santiago, lugar donde finalmente se llevó a cabo el aborto, luego de que en el Servicio de Salud de Chiloé se informara que en los hospitales de la zona no había médicos dispuestos a realizar la interrupción. Esto, además de que los galenos del Hospital de Castro, según informó La Tercera, en un reportaje publicado el 11 de noviembre, argumentaran que no podían realizar el procedimiento, ya que aún no estaban listos los reglamentos de la ley.

En el documento enviado tras ese caso a los servicios de salud y hospitales de todo el país, se enfatiza en que los recintos deben entregar atención a todos los pacientes.

Además, subraya que "la circunstancia de que no se dicten aún los actos administrativos que aprueben las regulaciones sobre las prestaciones de la ley no es argumento para negar la atención de salud ni la prestación de la interrupción y/o acompañamiento, al momento de enfrentar los casos a que se refiere cada causal de interrupción voluntaria (..)".

Incluso, se hace énfasis en que el negar la atención no será un disuasivo de la decisión de la mujer, "sino más bien un poderoso incentivo para mantenerse lejos de la red asistencial y buscar ayuda o atención en ámbitos de informalidad, sin regulación (...)", situación "indeseada", según se explica.

Por ello, se llama a los recintos a tomar las medidas para brindar la atención y en caso de dudas establece que se debe remitir de "forma inmediata a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la información y los antecedentes del caso (ver recuadro), los que serán analizados por dicho grupo de expertos. Incluso se indica que según el nivel de urgencia y complejidad, "ya sea por efecto de la objeción de conciencia u otra razón, deberá ser reportado de inmediato para las derivaciones correspondientes".

Desde el Minsal indicaron que "la motivación (del documento) fue aclarar que la ley está vigente y que los equipos de salud pueden aplicarla resguardando los requisitos que establece para cada causal de interrupción voluntaria". También, que no corresponde "negar atención" a las mujeres "por el solo hecho de que no esté dictado el reglamento sobre acompañamiento".

La diputada (Ind) Karla Rubilar valoró la resolución: "Me parece muy bien. Es lo que corresponde. No se puede dilatar la atención de las niñas o mujeres involucradas porque hay que dar dignidad en la atención. Su par, Juan Luis Castro (PS), agregó que "es un instructivo tardío porque debió haberse previsto la situación".

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, manifestó que "era necesario y bastante aclaratorio (...) aunque hubiera sido ideal cuando la ley se promulgó".