Sename: comisión Jeldres informó en noviembre a juez de irregularidades

El viernes 9 de noviembre de 2012, cinco integrantes del equipo de profesionales del Poder Judicial que recorrían el país para indagar la situación de los centros vinculados al Servicio Nacional de Menores (Sename) del país enviaron un correo electrónico de cinco páginas al juez de familia de Arica, Juan Enrique Robles. En el documento se detallaban "graves vulneraciones de derechos de los niños y adolescentes encontradas en las visitas" a dos hogares de Arica.

Respecto del primero de estos centros, el Sariri, la misiva mencionaba 10 situaciones irregulares, entre éstas "deserción escolar", "regreso de niños y adolescentes a altas horas de la madrugada" y "consumo de pasta base y otras drogas, estando al cuidado del hogar".

Acerca del segundo -el hogar de niñas Ajllasga-, el documento enumeraba 22 situaciones, entre éstas, que en el recinto se había detectado "consumo de pasta base (...) estando al cuidado del hogar, al interior del mismo y fuera de él". En el punto 19 se advertía de la "posible explotación sexual de niñas del hogar por parte de una red de conductores de taxis colectivos".

Más adelante se aseguraba que "muchos de los hechos antes descritos están en conocimiento de las autoridades del Sename y de la seremi de Justicia, toda vez que, con fecha 29 de mayo se realizaron las visitas de la Comisión Interinstitucional de Protección (Cisc)".

El texto fue firmado por las juezas de familia Mónica Jeldres, Patricia Rivera y Alejandra Valencia, más la socióloga consultora de Unicef Chile, Carolina Bascuñán, y la abogada especialista en DD.HH., Paulina Gómez.

"Constatamos estas graves irregularidades en conjunto con un juez de familia de Arica, en medio de las visitas que efectuamos los días 5 y 9 de noviembre de 2012 a esos dos centros, y se lo informamos de inmediato, a través de una carta enviada por correo electrónico, al juez presidente de Juzgado de Familia de Arica, el magistrado Juan Enrique Robles", asegura Paulina Gómez.

El documento sugiere aplicar medidas como la intervención rápida de ambas residencias y la denuncia de los delitos a la fiscalía.

Esta denuncia se concretó cuatro meses más tarde. En las Fiscalía Regional de Arica y Parinacota afirmaron que el 28 de marzo recibieron la denuncia por parte del juzgado de Arica, tras lo cual abrieron la causa.

Después de esto, en una investigación desarrollada por el OS-9 de Carabineros y encabezada por el fiscal Rodrigo Benitt, el 10 de mayo, tres hombres fueron detenidos y formalizados por la obtención de delitos sexuales de menores a cambio de droga. Uno de ellos fue a juicio abreviado y recibió una condena de 540 días de presidio remitido.

"Actualmente hay un sumario administrativo en curso respecto de esta situación (del centro)", afirma Rolando Melo, director nacional del Sename, frente a la actuación de la dirección regional de la entidad.

FLUJO DE INFORMACION

La situación que afecta a los centros del Sename fue uno de los puntos abordados esta semana en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

La instancia citó a varias autoridades, entre éstas el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño y el director nacional del Servicio, Rolando Melo, quienes afirmaron, por separado, haberse enterado en marzo de los informes de la comisión. Es decir, meses después del correo enviado al juez de Arica.

En la oportunidad, Carreño planteó que los integrantes de la comisión pudieron denunciar en noviembre los hechos, si es que sospechaban de posibles ilícitos.

Consultada por este medio sobre por qué no se formuló entonces la denuncia a la fiscalía, la jueza Jeldres afirma "que nuestro deber era hacerles ver la situación a las autoridades con jurisdicción en la zona, que eran el juez de familia que nos acompañaba y el magistrado presidente del Tribunal de Familia de Arica".

FISCAL MELENDEZ

Tiempos, fechas y plazos. Quiénes tuvieron antecedentes sobre situaciones irregulares y eventuales abusos son parte de las aristas que indaga el fiscal Juan Agustín Meléndez, designado por el fiscal nacional Sabas Chahuán para investigar posibles delitos contra menores del Sename.

Estas posibles situaciones también derivaron en el anuncio, por parte de la ministra de Justicia, Patricia Pérez, de una "intervención" de todos los centros del país, el miércoles 10 de julio.

Estos son dos de los efectos de la difusión pública del trabajo de la comisión, designada por el Poder Judicial y encabezada por la jueza Jeldres, para visitar -entre junio y fines de noviembre de 2012- los centros de 10 regiones -menos la Metropolitana y la Quinta- y sistematizar, en fichas, la información de alrededor de 6.500 menores residentes.

La comisión Jeldres, que contó con la asesoría de Unicef, fundamentalmente trabajó sistematizando las fichas de 6.500 menores.

Paralelamente, también se recopiló información a través de tres vías: una ficha sobre el estado de las residencias, una encuesta de satisfacción de 384 niños (analizada por Unicef) y un boletín referido al estado de casi mil menores en las Aldeas Infantiles S.O.S.

Consultado por el caso, el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, respaldó las acciones tomadas por el director del Sename en el caso: "Su gestión y las medidas tomadas son pertinentes y cuentan con una positiva evaluación".

Por su parte, Melo expresó que "con respecto a los centros cuestionados de Arica, se decretó el cierre paulatino del Ajllasga, dentro de 90 días, y la aplicación de mejoras al Sariri. De hecho, se mantiene el cierre progresivo de cuatro centros nacionales y la supervisión intensa de otros, particularmente siete, como casos más complejos".

ACTIVIDAD DE LA COMISION

Además de los documentos liberados en el sitio web del Poder Judicial, también existe otro informe, uno redactado por la jueza Jeldres y firmado además por las juezas de familia Alejandra Valencia, Patricia Rivera y Cecilia Ruiz, de 15 páginas y donde se resume toda la actividad de la comisión.

"El 11 de enero yo dejé la comisión de servicio y entregué ese informe final al presidente de la Corte Suprema (Rubén Ballesteros) y al ministro encargado de la Unidad de Apoyo (Héctor Carreño)", afirmó Jeldres.

Aquel informe, al cual La Tercera tuvo acceso, da cuenta de una serie de problemas detectados. Algunos denominados "nudos críticos" del Poder Judicial, como causas paralizadas o falta de plazos para las medidas adoptadas, y otros más graves, como "entrega de medicamentos, sin diagnóstico ni supervisión médica adecuada" y "niños transgredidos en su esfera sexual".

En ese mismo documento se sostiene que en cada región se realizaron "jornadas de transferencia técnica", en donde las personas a cargo del proyecto exponían a diferentes autoridades la información que iban arrojando las fichas individuales.

El documento destaca que en varias sesiones hubo "supervisoras técnicas del Sename".