Sename dice que lista de fallecidos no incluyó casos de responsabilidad penal

El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, fue el primero en responder durante esta jornada sobre las incongruencias en las cifras de niños y jóvenes muertos en centros de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) durante 2010. Poco después, fue el mismo organismo el que dio su versión y aseguró que los responsables eran las autoridades del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.

Estas declaraciones se dieron luego de que conociera un informe de la oficina regional de la Unicef, elaborado con los antecedentes entregados por Chile en 2011, que indicaba que en 2010 se habían registrado 75 fallecimientos en instituciones de protección. Esta suma es superior a los 15 muertos que este mes informó el Ministerio de Justicia a la Comisión Investigadora Sename II, de la Cámara de Diputados.

El Sename, a través de un comunicado, indicó que "pudimos detectar que las autoridades del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, al momento de reportar a Unicef el número de niños, niñas y adolescentes fallecidos en 2010, utilizaron criterios distintos a los empleados por Sename para responder el requerimiento de la Cámara de Diputados, formulado en mayo de 2016".

La entidad añadió que la anterior administración "consideró la totalidad de los servicios del Sename en materia de protección, y se incluyó, además, a los mayores de edad".

La versión del organismo dirigido por la ex fiscal Solange Huerta apuntó también a que se incluyó a menores en programas ambulatorios, quienes no vivían en residencias de organismos colaboradores ni en Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread). Agregaron que en ese informe también se consideraron dos casos que no están fallecidos.

Tras los dichos del gobierno, Unicef realizó una declaración pública para aclarar su informe. Apuntó que los datos que llevaron a la suma de 75 muertos en 2010 fueron entregados por el Sename el 30 de junio de 2011 a la Dirección de DD.HH. de la Cancillería, la que lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los ex ministros de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera optaron por no referirse a esta situación. Felipe Bulnes dijo estar fuera de Chile e indicó que no contaba con la información necesaria para contestar sobre la materia. El mismo argumento esgrimió el ex secretario de Estado, Teodoro Ribera. En tanto, el ex director del Sename Rolando Melo no pudo ser ubicado.

Debate por disparidad

El vocero del Ejecutivo, Marcelo Díaz, explicó ayer que uno de los motivos que podrían explicar la diferencia de datos estaría en que "la cifra que entregó el gobierno, en virtud de una solicitud que hizo la comisión investigadora de la Cámara, responde a niños menores de 18 años que se encuentran en recintos bajo la tuición del Sename, en el marco de la línea de vulnerabilidad, no así en el caso de los menores infractores de ley. Esa fue la información que en su momento fue requerida al Ministerio de Justicia y que se proporcionó a la comisión, y que da cuenta de esos 185 decesos, en 10 años".

De esta forma, el ministro explicó que la información entregada por el gobierno no incluye a menores que podrían haber fallecidos en centros de internación provisoria y en centros de reinserción cerrados, es decir, donde están los jóvenes que cumplen sanciones por infracción a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).

El Sename añadió que el motivo por el cual no se entregó el número de menores infractores de ley que podrían haber fallecido se debió a que no habían sido solicitados por la comisión investigadora.

El parlamentario encargado de pedir la información fue el independiente René Saffirio. El diputado ayer dijo que "no es efectivo lo señalado por el ministro (Díaz). Mi petición fue clara y está así en el oficio. Yo solicité remitir la nómina de niños, niñas y adolescentes fallecidos en centros administrados por el Sename o instituciones privadas financiadas por el Estado, desde el 1 de enero de 2005 hasta la fecha. En la próxima sesión de la comisión investigadora pediré se confirmen o ratifiquen los datos y que se invite a declarar a la Unicef".

Fiscal pide informe

El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga la arista penal de los fallecimientos de los menores en la red Sename, decidió ayer solicitar oficialmente el informe de la Unicef.

Además, Emilfork elaborará su propio catastro de los niños que perecieron en la red Sename en los últimos años. Si bien el número de 185, entre 2005 y mayo de 2016, es usado como una referencia, el persecutor quiere elaborar su propio listado. En este sentido, trascendió que fueron clave las incautaciones realizadas el miércoles por el equipo de fiscales y los efectivos de la PDI, tanto en la dirección nacional del Sename como en todas las sedes regionales.