Solicitan indagar presunta cacería de caballos en parque nacional

Mediante una presentación realizada en la Contraloría General de la República y un documento enviado al Ministerio de Bienes Nacionales, el diputado Ignacio Urrutia (UDI) solicitó indagar y obtener antecedentes sobre la supuesta matanza de caballos salvajes realizada en un predio donado por Douglas Tompkins (71).

En enero pasado, el empresario y activista estadounidense entregó al Estado chileno 38.780 hectáreas para crear el nuevo parque nacional Yendegaia, ubicado en Tierra del Fuego. Además, se acordó con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera la anexión de 111.832 hectáreas de terrenos fiscales adyacentes, conformando un área protegida de 150.612 hectáreas.

"El problema (del traspaso de tierras) es que esas 35 mil hectáreas que donaba Tompkins iban amarradas a un contrato de cacería de caballos salvajes por cuatro años", aseguró el diputado Urrutia.

De acuerdo al legislador, la petición a Bienes Nacionales tiene como objetivo central obtener detalles de la entrega de terrenos por parte del empresario extranjero.

En tanto, la solicitud a la Contraloría permitirá esclarecer "si en este traspaso que se hizo al Fisco había conocimiento de que estaba este contrato que permitía matar caballos salvajes".

Agregó que "me parece absolutamente insólito el contrato que firmó el señor Tompkins para autorizar la matanza de estos caballos. Me parece inexplicable, pero más inexplicable sería que las autoridades anteriores hayan sabido de este contrato y callaron".

En el escrito enviado a Contraloría, se pide investigar "especialmente en lo que se refiere a una autorización entregada por la Fundación Tompkins ocho meses antes de hacer entrega del predio, con una duración de cuatro años, que permite la cacería y exterminio de todos los caballos salvajes que habitan en dicho predio. Dicho contrato habría sido parte integrante del documento de donación".

Origen de la controversia

La polémica matanza de animales -difundida ayer por redes sociales y acogida a nivel parlamentario- se originó tras la denuncia efectuada por el empresario Andrés Cox Baeza, dedicado al rubro agrícola y ganadero.

Según Cox, que además se vincula con clínicas dedicadas a la atención de caballos, durante una visita una de sus empresas dedicadas al rubro ganadero de la Región de Magallanes "apareció un señor que andaba pidiendo si se le podíamos dar servicio de faenamiento de caballos con fines de obtener su carne". Fue en ese momento, narró el empresario, "cuando supimos que el origen de los animales era la estancia Yendegaia. Pedimos que nos mandaran los documentos legales que respaldaban (la matanza de) esos animales y apareció un contrato firmado por la Fundación Yendegaia, en la cual autorizan a cazar los caballos que están ahí".

Al cierre de esta edición, La Tercera no obtuvo una respuesta por parte de la Fundación Yendegaia.