Solo el 5% de los integrantes del Poder Judicial hizo cursos sobre discriminación

Un total de 692 funcionarios del Poder Judicial, desde 2012 hasta 2016, fueron capacitados en los cursos que Chile debió abrir tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó en febrero de 2012 al Estado por discriminación en el caso de la jueza Karen Atala. Así lo revelan datos que Fundación Iguales solicitó a la Academia Judicial.

Esta cifra equivale a solo un 5,6% del total de los funcionarios de la institución (12.221). En ese sentido, Atala, en un video realizado por la fundación, indicó que el país está "al debe", porque no se han hecho ramos de forma sostenida.

La Academia Judicial es una corporación encargada de la formación de futuros magistrados y también realizan cursos de perfeccionamiento para los escalafones, incluyendo a los empleados del Poder Judicial. En su consejo directivo están el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; el ministro de Justicia, Jaime Campos, y otros ministros de las cortes de Apelaciones.

El director de la entidad, Eduardo Aldunate, manifestó que estos cursos antidiscriminación son tomados en su mayoría por jueces, relatores, secretarios y magistrados de los tribunales de alzada y se efectuaron capacitaciones como "Principio de igualdad y no discriminación" y "Cuestiones sobre la identidad de género".

Consultado respecto del número de funcionarios que han tomado estos programas, dijo que "la ley en la Academia Judicial establece como regla que los cursos de perfeccionamiento siempre son voluntarios, no podemos obligar a nadie a ir (...). Una capacitación obligatoria a los jueces atenta contra la independencia judicial, es adoctrinamiento, aun cuando sea uno bueno. No me siento al debe. Como director de la academia no tengo ninguna obligación pendiente".

El director ejecutivo de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, criticó "los bajos índices del cumplimiento de un fallo bastante categórico". Agregó que "se discriminó en razón de su orientación sexual a la jueza Atala, quitándole el cuidado personal de sus hijos. El problema está precisamente en los jueces que hoy imparten la justicia, porque ellos son los que muchas veces por desconocimiento terminan fallando en contra de los derechos humanos de la diversidad sexual".

A esta situación se suma la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de febrero pasado, que señala que "en su mayoría, los cursos referidos por el Estado (chileno) no guardan relación con el contenido específico de las capacitaciones ordenadas en la sentencia, o versan sobre temáticas generales de derecho internacional y/o de derechos humanos".

Se resuelve, además, que "sería beneficioso para el impacto de esta medida de reparación que el Estado procure que los cursos que impartan en implementación de esta reparación no sean de carácter optativo, sino que sean un requerimiento, con el fin de que esta medida abarque la mayor cantidad posible de funcionarios de la rama judicial". Así, el organismo internacional estableció como plazo este 9 de junio para que Chile envíe un informe con las medidas adoptadas.

En este punto, Aldunate dijo que "si la Corte Interamericana me dice que tenemos que hacer capacitaciones obligatorias, yo le digo que lo siento mucho, que no es un órgano democrático y que tengo un mandato del legislador democrático de mi país que me dice que los cursos son voluntarios".