Sostenedores evalúan ir a corte internacional por proyecto de fin al lucro

El peor escenario que imaginan los sostenedores de colegios particulares subvencionados es que se mantengan las condiciones que ellos consideran negativas y que afectan sus derechos del proyecto que pone fin al lucro, copago y selección. Si esto se concreta, ya evalúan incluso llegar a la justicia internacional.

Según explicó el asesor legal de Conacep, Eduardo Escalona, "los sostenedores están dispuestos a ejercer todas las acciones para revertir el proceso que consideran ilegítimo, esto implica incluso llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)". Este organismo está encargado de analizar los casos y determinar si procede que sean revisados por la Corte Interamericana de DD.HH.

Escalona indicó que Chile suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, "que contempla algunos derechos en los que se pueden amparar los dueños de colegios y apoderados mediante una acción contra el Estado".

Según el abogado, en la iniciativa se estarían vulnerando por ejemplo el derecho a la propiedad privada. "La Convención garantiza que si el Estado hace uso de un bien debe entregarse una indemnización justa, incluso si se trata de una situación de interés social", explicó Escalona.

Juan Araneda, representante legal de la sociedad dueña del Colegio Balmaceda de Peñaflor, dijo que como está pensada actualmente la reforma es "arbitraria, pues nos cambia las reglas del juego y ante ese escenario, nosotros estamos de acuerdo que se acuda a una instancia como esta y no descartamos hacernos parte de ella".

En tanto que Isabel Navarro, directora del Colegio Pukaray de Buin sostuvo que "de concretarse este recurso, nos sumaremos con fuerza en caso que se realice".

La directora del Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales, Judith Schönsteiner, explicó que "si se considera vulnerado un derecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se agotaron los recursos internos, además de otros requisitos procesales, se puede denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".  El abogado de Conacep detalló que lo primero que corresponde para impugnar las medidas que imponga la reforma es acudir ante el Tribunal Constitucional.

Luego, es posible presentar una acción antes los tribunales de justicia chilenos, y finalmente después del pronunciamiento de la Corte Suprema, se puede llegar a una instancia internacional.