Subsecretario de Prevención del Delito: "No puede ser que un arma en la casa sea lo mismo que tener un televisor"
Antonio Frey anunció que se endurecerá el acceso a armamento y se creará un registro de psiquiatras que analizarán a quienes deseen adquirirlas.
La principal tarea de plan "Seguridad para todos", anunciado por La Moneda, no sólo es fijar la estrategia antidelincuencia del gobierno para los próximos cuatro años. También apunta a cambiar la relación entre municipalidades, vecinos y policías que patrullan sectores donde se concentran los delitos de alto impacto social.
En entrevista con La Tercera, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, detalla las nuevas atribuciones que tendrán los actores sociales para combatir la delincuencia, en primera instancia, en 74 comunas del país, y su plan para identificar un problema emergente en el país: las 733.260 armas que están en manos de particulares.
¿Qué criterio se usó para definir las comunas que integrarán este plan de seguridad?
Son comunas que tienen este problema (delincuencia) mucho más agudo, porque son urbanas, concentran los bolsones de pobreza, inseguridad o tienen mucha acumulación de servicios que la hacen ser mucho más vulnerables a este tema. ¿Por qué no darles a esas comunas una oferta programática integral? Si se da una respuesta desde arriba, sólo basada en números, no se puede generar una respuesta acertada. Los que mejor saben eso son los actores locales, vecinos, alcaldes, pero además los organismos descentralizados que están ahí como las comisarías y fiscalías. Ellos conocen de mejor manera lo que ocurre y pueden confeccionar una estrategia en un tiempo determinado.
Con esta estrategia, ¿los alcaldes podrán dar órdenes a las policías?
El alcalde no manda a las policías en este país. Somos nosotros, el Ministerio del Interior, los que tenemos esa misión. Por tanto, el alcalde lo que hace, a través de sus prioridades y del convenio tripartito entre Interior, la municipalidad y los servicios descentralizados, es que nos mandata a nosotros para que los controlemos. Nosotros somos los controladores, no los municipios. Ellos tienen el instrumental para hacerlo, pero finalmente a quien le deben obediencia las policías -en términos de modelos de gestión- es al Ministerio del Interior.
¿Cómo se destinarán y fiscalizará el correcto uso de los recursos?
Se firmarán convenios cobrables en ese territorio determinado. Son proyectos de tres años. De esta forma podemos tener un proceso razonable, y que puede tener una continuidad en el tiempo. No es que les vayamos a pasar el dinero y que hagan lo que quieran. Sino que vamos a controlarlos acuciosamente.
En el listado de comunas aparecen Puente Alto y Vitacura. ¿Recibirán la misma cantidad de recursos del Estado?
Vitacura es el caso en que uno piensa en otro tipo de ayuda. A Vitacura le cuesta gastarse la plata que tiene, es una de las comunas más ricas de América Latina, por no decir la más rica. No le vamos a hacer una plaza, porque no corresponde, o iluminarle un sector. Pero sí tiene los mismos problemas de coordinación con los servicios centralizados y los mismos problemas de focalizar la acción donde el alcalde estime conveniente. Sí tiene los mismos problemas de otras comunas para poder guiar la estructura del Estado y que los vecinos destacan como los más importantes. Puente Alto o comunas de esa categoría concentran una importante proporción de población penal.
¿Qué ocurre con Puente Alto?
Puente Alto o comunas de esa categoría (definida en el plan de seguridad) concentran una importante proporción de población penal. Eso no es menor. Santiago tiene muchos factores de riesgo, pero no concentra una gran proporción de población penal. Los que vienen a delinquir a Santiago, por decirlo de alguna forma, son de otras comunas. Hacer un programa de reinserción en Santiago no es lo esencial, pero quizás en Puente Alto sí hay que hacerlo, porque tienen una mayor acumulación de personas que están en conflicto con la justicia y que sí requieren una reinserción en nuestra sociedad.
ARMAS EN HOGARES
Un punto que aborda el plan es modificar la Ley de Armas. ¿A qué apuntan con esta medida?
(Castigar el) no cumplir con los requisitos básicos que esta responsabilidad significa. Eso es para nosotros un motivo de sanción severa. No puede ser que un arma en la casa sea lo mismo que tener un televisor, se tiene que cumplir con las reglas.
¿Cómo se puede evitar esta situación?
Correspondería hacer un proceso de reinscripción total de armas. Partir de cero y tener una base actualizada a 2014 y que permita decir estas son las armas que hay en Chile y que están inscritas. Si son más, tenemos que saberlo. Al comprar un arma, en el mismo lugar se inscribe. No en otro sitio, porque entre que compre el armamento y lo inscriba puede pasar mucho tiempo.
¿Se restringirá el acceso para adquirirlas?
Queremos crear un registro de psiquiatras que tenga un estándar que seguir, para que no entreguemos armas a gente que no tiene el equilibrio que se requiere para estas cosas. Que tengan protocolos de acción y la posibilidad de pronunciarse en caso de que se le impida a alguien tenerla, y que se concentre este grupo en estos trámites. Estamos dificultando los requisitos para acceder a un arma.
CONSUMO Y TRÁFICO
¿Qué modificaciones plantearán para la Ley de Drogas?
Debemos definir cómo podemos distinguir bien las categorías de consumo, tráfico y narcotráfico (…) para que se pueda objetivar cuándo estamos de hablando de un tipo penal. Eso hoy la ley no lo permite, y hay una visión crítica de que en algunos casos se aplican (sanciones) -con la misma cantidad de drogas- a un microtraficante y, en otros, con esa misma cantidad (se estima) que es para consumo. Tenemos que tener una línea divisoria.
¿Qué ocurre con las drogas sintéticas, como éxtasis u otras?
Si en algún otro país, del calibre de Estados Unidos, tiene en sus listas o reglamentos una nueva droga sintética, nosotros rápidamente debemos ponerlas en la lista, porque van a llegar a nuestro país. Entonces, hay que ser muy proactivo en eso para que no tengamos drogas circulando.
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