Superintendente de Medio Ambiente: "No tengo ningún sesgo contra SQM"

La pugna con Corfo por diferencias sobre el arrendamiento del Salar de Atacama no es el único flanco que mantiene abierta la minera no metálica SQM, controlada de manera indirecta por Julio Ponce, con el Estado de Chile. Un segundo foco de preocupación para la empresa son los dos procesos sancionatorios abiertos por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), por presuntas faltas en el manejo ambiental de las zonas en que opera.

A juicio del titular del organismo fiscalizador, Cristián Franz, no existe ninguna relación entre ambos casos ni con los casos vinculados al financiamiento de campañas políticas, defendiendo la autonomía del organismo.

En conversación con La Tercera, la autoridad reveló, además, detalles de una reunión que, según dice, sostuvo con el gerente general de la minera no metálica, Patricio de Solminihac, en la que el propio ejecutivo -según Franz- le pidió conocer si la SMA "tenía los dados cargados" contra la compañía, algo que descartó de plano.

"De Solminihac (...) vino a verme para saber si teníamos los dados cargados o si teníamos un prejuicio en contra de la empresa, dado que tenía este problema de las platas políticas. Le dije: No tengo ningún sesgo contra Soquimich. Le puedo dar garantía de que nadie se me ha acercado del gobierno para decirme cómo debo actuar en el caso de Soquimich", dijo la autoridad.

Agregó que "conozco la situación de la empresa y los avatares que ha vivido por el tema financiamiento de campañas políticas, pero lo conozco como cualquier ciudadano. La situación de SQM en ese frente es completamente diferente con lo que estamos haciendo ahora".

Este año, la SMA abrió dos procedimientos por presuntas faltas a los permisos ambientales de la minera. Se trata de SQM Salar y Pampa Hermosa. El primero ubicado en el Salar de Atacama y el segundo en el Salar de Llamara en la Región de Tarapacá, cuyo programa de cumplimiento, que se constituiría como el segundo más cuantioso de la historia con una inversión de US$ 18 millones, fue rechazado por la autoridad. La resolución fue apelada por la minera ante el Segundo Tribunal Ambiental.

A la fecha, ambos procesos siguen abiertos. "Si el programa de cumplimiento hubiera sido por US$ 100 millones también lo hubiéramos rechazado, porque tenía un grave problema: ellos estaban dispuestos a ofrecer solución sólo a una parte de los problemas", complementó Franz.

"Hemos ganado en tribunales ambientales el 85% de las causas y de las que han llegado a la Corte Suprema, hemos ganado el 90%. Esta es la línea que he impartido a abogados y a fiscales internos: agotar las investigaciones hasta el último detalle", concluyó.