Superintendente de Bancos: "Los dueños de los bancos siempre deben mantener una conducta intachable y prudente"

Esta semana cumplió un año como superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Partió su gestión reestructurando la entidad con la creación de dos nuevas intendencias, tres direcciones y mayores exigencias de provisiones. Tras el llamado del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que recibió en marzo de 2014 para que tomara el control de la SBIF, Eric Parrado elaboró su master plan sobre cuatro grandes pilares.

El primero, lograr que la entidad se transforme en un referente internacional por su regulación y fiscalización, donde su sello sea la independencia total a la hora de actuar frente a sus fiscalizados. El segundo, es la transparencia y accountability o rendición de cuentas; el tercero, acercarse a la implementación de las normas contenidas en Basilea III,  y el cuarto, fortalecer la educación e inclusión financiera.

Pero en el camino también han ido emergiendo temas que no estaban en su agenda. Y Parrado no se ha mantenido como espectador frente a los casos que hoy copan el debate público. Al contrario, ha tomado medidas y lo seguirá haciendo.

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la SBIF para este año?

Uno de los principales desafíos de este año es la reforma a la Ley General de Bancos, que contempla, entre otros aspectos, fortalecer el gobierno corporativo de la SBIF, mejorar los mecanismos de resolución bancaria y converger a los estándares de capital de Basilea III. Esta iniciativa es la respuesta a la necesidad de modernizar el cuerpo regulatorio y adaptarlo a las exigencias de un mercado financiero más complejo e integrado. Si usted revisa las evaluaciones internacionales formuladas por organismos como el FMI y la Ocde, éstas dan cuenta de la necesidad de cerrar las brechas regulatorias que presenta Chile en estos ámbitos.

Además, tenemos otros desafíos importantes para el presente año, entre los que destacan la implementación integral de la fiscalización de la Tasa Máxima Convencional (TMC), la fiscalización de las empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito no bancarias, la  profundización de nuestros esfuerzos por aumentar los niveles de inclusión y educación financiera, y la culminación del proceso de modernización de la SBIF que llevamos a cabo desde el año pasado.

¿Y en materia normativa?

Estamos desarrollando diversas iniciativas en este ámbito. Hoy está en consulta una nueva normativa en materia de administración del riesgo de liquidez para la industria bancaria, la cual avanzará en la implementación de los estándares internacionales para la gestión de riesgo de liquidez de acuerdo a las recomendaciones de Basilea III, complementando así las disposiciones impartidas en esta materia por el Banco Central. Además, en los próximos días emitiremos la normativa que establece un estándar de operatividad de los cajeros automáticos, que ha sido un tema de reciente preocupación para los clientes bancarios. Asimismo, durante el segundo semestre pondremos en consulta las normativas que introducen metodologías estándares para la determinación de provisiones que complementan las normas emitidas en 2014 sobre la misma materia.

No puedo dejar de mencionar que este es un año especial para la Superintendencia, ya que cumple  90 años de historia, con una trayectoria que la ha llevado a constituirse en una institución de reconocido prestigio que vela por el adecuado funcionamiento de nuestro sistema financiero, y de la que los chilenos debemos sentirnos orgullosos.

TIEMPOS DIFÍCILES

En el último tiempo le ha tocado enfrentar los casos Penta y Caval, ¿cuál es su evaluación?

Nuestro diagnóstico es negativo. La Superintendencia espera más de los banqueros. Entendiendo que son casos totalmente distintos, ambos afectan la imagen del sistema bancario. Esto es un asunto de suma importancia, ya que uno de los pilares sobre los cuales debe apoyarse la sustentabilidad de la industria es la confianza que tienen los clientes y la sociedad en general sobre todas sus actividades.

¿Y por qué, a su juicio, se trata de casos tan distintos?

En un caso, lo que nos preocupa es que está comprometida la integridad de los dueños de una entidad directamente fiscalizada (Banco Penta). Sin perjuicio que, de acuerdo a la ley vigente, ellos (los controladores) tuvieron que renunciar a la dirección del banco, es necesario reforzar la regulación en este aspecto. Los dueños de los bancos siempre deben mantener una conducta de negocios intachable y prudente.

En el segundo caso, lo que nos preocupa es que las instituciones financieras se aparten de sanos principios de gestión de negocios y que ello pueda afectar su reputación. Los bancos deben entender que no basta que una operación cumpla con la legalidad; ese es sólo el piso. Además, los bancos tienen que operar siempre con los más altos estándares de prudencia en sus negocios.

¿Qué conclusiones sacan ustedes de estos casos?

Me gustaría  destacar  dos conclusiones. La primera es que los sistemas de respuesta que la SBIF ejecuta, según sus atribuciones legales, funcionaron. En el caso Penta, nuestras facultades nos han permitido implementar un plan de supervisión especial del banco, evitando que la situación judicial de sus dueños tenga algún efecto sobre el mismo. Ello es importante para conservar la confianza en el normal funcionamiento del sistema bancario. En el caso Caval, en tanto, era necesario examinar con rapidez los efectos de la operación para tener la certeza de que ésta no comprometía el cumplimiento de la Ley General de Bancos y no ponía en riesgo a los depositantes. En este caso, el tiempo era clave.

Mencionó dos conclusiones...

La segunda conclusión es que no nos quedaremos solamente con el diagnóstico crítico y con las acciones inmediatas de supervisión que estamos llevando a cabo a través de distintos mecanismos. Nos interesa que de estas experiencias el sistema y la institucionalidad fiscalizadora salgan fortalecidos, a fin de evitar que situaciones como las mencionadas se repitan en el futuro. En este contexto, a través del proyecto de modificación de la Ley General de Bancos estamos estudiando en qué aspectos específicos debemos avanzar para perfeccionar la normativa prudencial vigente.

Una vez que se hizo público, ¿La Moneda le pidió que estudiara los alcances del caso Caval?

Durante mi gestión, el gobierno siempre ha respetado la autonomía de la SBIF y este caso no fue la excepción. Se ha especulado mucho. Nada de eso es efectivo. La SBIF realizó una revisión estricta de la operación en el marco de la Ley General de Bancos y de la normativa prudencial asociada, en forma autónoma, profesional y con un enfoque completamente técnico. No podría ser de otra manera.

¿En qué momento y por qué decidió que la Superintendencia tenía un rol que cumplir?

Cualquier hecho relevante que pudiese afectar negativamente a una entidad bancaria es de competencia de esta Superintendencia, la cual dispone de amplias atribuciones para ejercer su rol fiscalizador. Este rol lo ejercemos en forma permanente. Desde el momento en que tomamos conocimiento del caso requerimos al banco un completo informe con todos los antecedentes de la operación y las explicaciones correspondientes. Una vez finalizado el análisis de todos los antecedentes pertinentes en el marco de la Ley General de Bancos y la normativa prudencial, la Superintendencia arribó a un juicio concluyente de la operación.

Entonces, ¿sostiene que la actuación de la SBIF fue oportuna?

Comunicar oportunamente nuestra conclusión permitió despejar las dudas y especulaciones que el caso estaba generando en la opinión pública respecto de la existencia de transgresiones a la Ley General de Bancos por parte del banco. Aquí, muchas veces se olvida que la Superintendencia tiene que defender a los depositantes y la confianza en el sistema bancario. Y en ese ámbito basamos nuestras acciones. En este contexto, así como hubo críticas por la oportunidad de nuestro pronunciamiento, también nos hubieran criticado por demorar nuestra opinión. La SBIF es una institución que actúa bajo parámetros técnicos en cumplimiento de su mandato legal.

El ministro vocero de gobierno subrogante, José Antonio Gómez, dijo en al menos dos oportunidades que el Ejecutivo estaba esperando el informe de la SBIF para cerrar el tema. ¿Usted le informó al gobierno del proceso que había levantado?

La SBIF actúa en forma autónoma, tanto respecto de sus acciones de supervisión como de la información y comunicaciones que decide poner a disposición del público. La Ley General de Bancos entrega a la SBIF, y no a otros organismos del Estado, la misión de supervisar al sistema bancario. En consecuencia, no es necesaria una declaración pública de la autoridad para que la Superintendencia realice su labor regularmente.

¿Cómo opera la Superintendencia en la revisión de los créditos en general?  El crédito otorgado a la sociedad Caval era de sólo $ 6.500 millones.

Hay que aclarar que el tamaño de una operación es sólo uno de los varios criterios que la SBIF considera para seleccionar las muestras de crédito que revisa en sus inspecciones a los bancos.

¿Y sigue manteniendo, tal como lo afirmó en febrero, que la "SBIF no ha detectado infracciones legales y normativas"?

Por supuesto. Somos categóricos en aquello. No hay infracciones a la Ley General de Bancos ni a las normativas prudenciales pertinentes. Se debe mencionar que las faltas a la Ley General de Bancos están nítidamente establecidas y acotadas, por lo que podemos establecer una clara posición. Obviamente, en caso de tomar conocimiento de hechos que pudiesen constituir ilícitos penales de cualquier tipo, es nuestro deber denunciarlos a la justicia.

A nivel de SBIF, ¿el caso ya está cerrado?

Que la operación de crédito no haya vulnerado la Ley de Bancos ni la normativa asociada no significa necesariamente que ella sea prudente y apegada a sanos principios de gestión bancaria. En esto también hay que ser categóricos: la operación, a juicio de la SBIF, no refleja el adecuado nivel de prudencia que un banco debe observar en la realización de sus actividades de negocio. Esta situación está siendo objeto de seguimiento en nuestras actividades regulares de supervisión.

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Otro de los temas que han salido a relucir en el marco de esta discusión es cómo los bancos hacen uso de la normativa PEP. ¿Cree que debería revisarse?

Los bancos tienen bastante margen para establecer las políticas a las que deben ajustarse los créditos PEP. Por lo mismo, estamos evaluando establecer estándares que guíen la confección de tales políticas en el marco de la normativa prudencial de la SBIF.

¿Estos estándares serían obligatorios y a qué apuntarían?

Estamos en el proceso de revisión de todos los aspectos relevantes. En caso de resolver un cambio normativo en este sentido, ciertamente será de carácter obligatorio.

Cada banco determina, en general, quién es PEP. Por lo mismo, algunos sólo consideran PEP a la persona políticamente expuesta y no a sus familiares, ex parejas, cuñados, etc. ¿La SBIF sería partidaria de propiciar una definición más estricta de PEP y el tratamiento de éstos dentro del sistema financiero para terminar con esta asimetría?

En principio, no creemos que sea necesario revisar la definición. La prudencia en los negocios no se establece por ley. Independientemente de que se amplíe y se complejice la normativa para abordar más casos, lo primordial es que sean los gobiernos corporativos de los propios bancos los que resguarden el actuar prudente de las instituciones que dirigen.

BANCO PENTA

En el caso del Banco Penta, ¿cuáles son las razones que llevan a la SBIF junto al Ministerio de Hacienda a anunciar que dentro del proyecto de la Ley General de Bancos se incorporarán las modificaciones legales que sean necesarias para incrementar de modo ejemplarizador las sanciones legales procedentes frente a incumplimientos graves a esta misma normativa?

En el mundo moderno y bajo los mejores estándares internacionales, el marco legal debe resguardar que los dueños de una entidad de carácter fiduciario, como son los bancos que basan su sustentabilidad en la confianza pública, tengan una conducta de negocios intachable, no sólo al momento de obtener una licencia para operar, sino que para mantener dicha licencia en el tiempo. Por ello, empujaremos las modificaciones legales necesarias para incrementar las sanciones frente a incumplimientos a la LGB y, asimismo, para garantizar permanentemente la integridad de los controladores de una entidad bancaria.

¿Por dónde irían esas medidas? ¿Se considera, por ejemplo, quitar la licencia bancaria?

Hay que buscar los mecanismos más adecuados para cada situación y mirar las mejores prácticas internacionales en la materia. No es bueno legislar en caliente.

¿Por qué evaluó necesario que la Superintendencia se pronunciara el domingo en la noche sobre este caso? ¿Ve riesgos en el sistema?

Nuevamente, obedece al sentido de oportunidad y proactividad con que la Superintendencia debe actuar. Era necesario aclarar el alcance que tiene el fallo respecto de las medidas cautelares que afectan a los dueños del banco en relación al normal funcionamiento de la entidad en virtud del riesgo reputacional a que se encuentra expuesta. No vemos riesgos para la estabilidad del sistema.

¿Está descartada alguna corrida o crisis en el sector, dada la situación de los controladores del Banco Penta?

No observamos elementos que puedan derivar en una situación como la que plantea. En primer lugar, debido a que el banco se encuentra saludable desde el punto de vista financiero y se ha mantenido en ese estado a pesar de la situación por la que están atravesando sus dueños. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la entidad representa menos del 1% del sistema bancario.