Suprema da luz verde a entrega de actas del Consejo de Seguridad Nacional

Después de un año y nueve meses de juicios y resoluciones, ayer se zanjó una controversia generada luego de que el Consejo para la Transparencia (CPLT) dispuso revelar 13 actas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Si bien el organismo estimó que su publicidad no afectaba la seguridad nacional, el Estado Mayor Conjunto se negó y recurrió, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la Corte de Apelaciones de Santiago, aludiendo a que esos antecedentes eran reservados. El tribunal de alzada le dio la razón al Consejo para la Transparencia. Es por esto que nuevamente presentaron otro recurso, esta vez una queja en contra de los magistrados, ante la Corte Suprema, la que ayer rechazó la postura del Fisco y dio luz verde a la publicidad de estos documentos.

¿Pero qué es el Cosena? Este consejo creado en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, el que no sesiona desde el 20 de enero de 2014, está compuesto por el Presidente de la República, de la Corte Suprema, del Senado, de la Cámara de Diputados, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el contralor y el general director de Carabineros. Su rol es asesorar al mandatario en temas de seguridad nacional, y sus sesiones son públicas, a menos que la mayoría de sus miembros las declaren secretas.

El requerimiento para liberar las actas desde 1989 hasta 2012 lo realizó Catalina Gaete Salgado al Estado Mayor Conjunto, petición que fue negada aludiendo a la afectación de la seguridad de la nación. Ante esto, Gaete interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia, organismo que acogió parcialmente el requerimiento y ordenó al Estado Mayor Conjunto que entregara las actas de 13 sesiones celebradas por el Cosena. Esto, porque en su contenido había información relevante que debía ser conocida. De acuerdo a la resolución del Consejo para la Transparencia emitida el año pasado, esos documentos deberán ser remitidos a la persona que solicitó la información. En éstas, están las deliberaciones sobre los senadores designados, la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el debate en torno a las consecuencias relativas al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y las acusaciones constitucionales contra miembros de la Corte Suprema.

El fallo del máximo tribunal, que mantuvo la decisión de los jueces de la Corte de Apelaciones de hacer pública esta información, entregó una serie de argumentos.

Entre ellos, que "la publicidad que se ha decretado no parece de ninguna manera vulnerar la seguridad nacional, pues como se ha descrito en estos antecedentes, la información se refiere a actas en que se consigna la discusión sobre la elección de miembros del Tribunal Constitucional, como de su proceso deliberativo, nombramiento de senadores institucionales, categoría derogada a partir de 2005, al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, información que ha sido largamente divulgada y aparece difundida en la actualidad en diversos medios de prensa".

La resolución señala que "el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos (...) hayan realizado algunas de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias (...). Que lo anterior no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los ministros recurridos".

El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, dijo que la resolución del máximo tribunal "no solo confirma que actuamos de acuerdo a la ley, sino que conforme a las facultades que tiene el consejo". Drago indicó que durante la solicitud de la información "analizamos pro- fundamente si habría afectaciones a la seguridad, revisamos acta por acta, detalladamente y distinguimos las que, efectivamente, podían afectar la seguridad nacional de las que no (...). Tenemos completa seguridad de que lo que se va a entregar está de acuerdo a la ley y el país está completamente resguardado".

El titular del CPLT dijo que en caso de que alguien pida la misma información y el Estado Mayor vuelva a negarse, "vamos a decir que hay cosa juzgada y que el tema está resuelto. Por lo tanto, ordenaríamos entregarla de inmediato".

Al respecto, el CDE declinó referirse al tema.