SVS refuerza su equipo de asesores legales para el caso cascadas

Nicole Nehme, Paulo Montt y Luis Cordero, del estudio FerradaNehme, representarán al regulador en el recurso de protección que interpuso Aldo Motta. La causa se vería hoy.




La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) decidió reforzar su equipo de asesores legales en el caso cascada. Nicole Nehme, Paulo Montt y Luis Cordero, del estudio de abogados FerradaNehme, representará a la SVS en el recurso de protección que interpuso Aldo Motta Camp, gerente general de Norte Grande, a quien el regulador levantó cargos el 6 de septiembre por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores.

La defensa de la SVS será liderada por Nicole Nehme, socia del estudio y quien dirige el área de Competencia y Regulación. La abogada de la Universidad de Chile ha participado en dos casos de connotación pública: colusión de farmacias y fusión D&S-Falabella. En julio de este año pasó a integrar el directorio de Icare.

Aldo Motta solicitó a la Corte de Apelaciones dejar sin efecto el procedimiento administrativo sancionatorio abierto por la SVS a cargo de Hugo Caneo, jefe del área de cumplimiento; Hernán López, intendente de Valores; y Fernando Coloma, titular de la institución. La SVS contestó el 3 de diciembre que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar resoluciones.

CONTRALORIA SOBRE SVS

Próximo a conocerse estaría  el pronunciamiento de la Contraloría sobre la legalidad del proceso administrativo que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lleva en contra del empresario Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos, en el marco del denominado caso cascadas.

Así lo señaló ayer el contralor Ramiro Mendoza, quien adelantó que ya solicitó un informe jurídico.

"Estamos ponderando si en este minuto corresponde nuestra intervención frente a la denuncia. Seguramente será la próxima semana", detalló.

Explicó que desde noviembre -cuando la defensa de Ponce recurrió al organismo- han estado revisando la Ley Orgánica de la SVS y la Ley de Probidad Administrativa. Consultado por la existencia de precedentes, precisó que hay pocos y que por lo general la Contraloría no interviene durante procedimientos administrativos sancionatorios.

"Hemos hecho intervenciones. Seguramente esos son los condicionamientos de jurisprudencia que ellos (la defensa de Ponce) han  invocado", comentó.

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