Test de transparencia al Congreso

A mediados de 2012, tras una polémica por el aumento de asignaciones que impactó en la imagen del Parlamento, los entonces presidentes de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg (RN), y del Senado, Camilo Escalona (PS), promovieron una agenda de transparencia para los legisladores. Una de las medidas voluntarias consistía en difundir la agenda de reuniones de los diputados, que tuvo escasa acogida. Sin embargo, un paquete de iniciativas podría ver la luz en marzo del próximo año, luego del trabajo de una comisión bicameral.

A más de un año del episodio, Reportajes revisó el cumplimiento de las normas de transparencia, aprobadas por los mismos parlamentarios, que tienen rango obligatorio y que se encuentran en vigencia. El criterio de selección -que fue consultado con expertos y organizaciones como Chile Transparente y Ciudadano Inteligente- apuntó a determinar el carácter de su trabajo legislativo en general, difusión del uso de sus asignaciones parlamentarias y contratación de personal, entre otros aspectos.

La revisión evaluó siete puntos críticos o con reparos, respecto del cumplimiento de obligaciones establecidas para el Congreso en su ley orgánica y en la Ley 20.285 sobre Transparencia.

Mientras en el caso de la Cámara hay vacíos sobre quiénes son los asesores de diputados, en el Senado la información es tardía sobre el trabajo de comisiones, no actualizan las resoluciones del Consejo de Asignaciones (entidad que regula dineros para la actividad de senadores) y había resoluciones de la comisión de ética que recién fueron divulgadas esta semana, luego de que este diario advirtiera a las autoridades de la Cámara Alta de esa situación.

Además, ambas corporaciones concitan reparos en el sistema para solicitar información, no publican acuerdos de las comisiones de régimen interno (instancias que regulan el funcionamiento administrativo del Congreso) y han presentado retrasos en la difusión del informe anual sobre fiscalización de asignaciones.

Hay algunas áreas, en todo caso, en las que el Parlamento sale aprobado como con la información del trabajo en sala (publicación de asistencia y votaciones) y la actualización de declaraciones de intereses y patrimonio (al margen de los habituales cuestionamientos sobre los datos entregados). También ambas ramas cumplen lo que dice la ley sobre la publicidad de la ejecución presupuestaria.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Tras las movilizaciones estudiantiles de 2011, la Comisión de Educación del Senado, entonces presidida por Jaime Quintana (PPD), resolvió transmitir algunas de sus sesiones, como medida de transparencia. Ha sido uno de los pocos casos en que el Senado ha asumido esa apertura, ya que las comisiones, en general, funcionan en reserva.

La Cámara, en cambio, implementó un sistema de transmisión por internet, en el que casi todas las sesiones de comisiones son emitidas en vivo. Y a diferencia del Senado, permite que medios de comunicación ingresen a estos encuentros.

El trabajo de las comisiones es uno de los aspectos claves en la formación de la ley. A veces allí se redacta el texto base que luego es sometido a los otros parlamentarios.

Ley del Congreso no obliga a transmitir, pero exige "promover el conocimiento y publicidad" de los actos y resoluciones que adopten legisladores en las comisiones  y agrega que, "serán públicos los acuerdos adoptados por las comisiones, así como los antecedentes... Al término de cada sesión de comisión se informará resumidamente de lo anterior". Pese a ello, la misma ley agrega que los registros de las comisiones no son públicos, lo que ha generado interpretaciones opuestas sobre el punto.

Amparándose en la ley, el Senado ha negado varias veces difundir actas o registros de las comisiones. Sobre ese punto, la secretaría del Senado señala que en la web institucional está  "la información pertinente", al igual que los informes de proyectos de ley.

Según lo constatado por La Tercera, los informes se conocen tiempo después y recogen apenas un resumen de las comisiones. Por lo demás, no siempre las discusiones legislativas terminan en informes.

ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

Tras la polémica que se registró en 2012, con el aumento de dos millones de pesos que recibieron los senadores para gastos operacionales (arriendos, bencina, telefonía, alojamientos, viáticos), el Senado comenzó a publicar un registro detallado del uso de estos fondos por parte de cada legislador. La medida fue adoptada por el entonces presidente de la corporación, Camilo Escalona (PS), para tratar de apaciguar la polémica.

El sistema aplicado por el Senado permite hoy individualizar, incluso, a quiénes se están gastando los dos millones adicionales y quiénes efectivamente renunciaron, al menos por un tiempo, a ese incremento.

El Senado también entrega detalles de dineros para sus comités (bancadas) y de fondos para asesoría legislativas. Además, informa domicilios de sedes parlamentarias.

Sin embargo, el Senado no tiene actualizadas las resoluciones del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que regula el uso y los incrementos anuales de estos fondos.  Por ejemplo, no publica el último oficio del consejo, que autoriza el alza de 2,9% para asignaciones y de un 5% para remuneraciones de personal.

La Cámara, en tanto, mantiene en su web información sobre asignaciones para gastos operacionales y otros temas (salvo en el ítem de asesores de diputados, explicado en recuadro a la derecha). Pero la información de la Cámara resulta más confusa en su presentación y menos detallada.

En esa línea, aunque con algunos reparos, el Congreso cumpliría la Ley de Transparencia 20.285, en la parte que señala que ambas cámaras deben "especialmente publicar" sus dietas y asignaciones.

RESOLUCIONES DE COMISION DE ETICA 

El altercado que casi termina en golpes en agosto de 2012, entre los senadores Alejandro Navarro (MAS) y Jorge Pizarro (DC), por el debate de TV digital, fue uno de los temas que debió estudiar la Comisión de Etica y Transparencia del Senado. Sin embargo, la resolución de aquel episodio, que culminó en una amonestación a ambos parlamentarios, se había mantenido en reserva.

Si bien la Ley de Transparencia 20.285 no exigiría al Senado en este punto, la Ley del Congreso establece disposiciones que sí obligan a la mencionada instancia disciplinaria a difundir sus acuerdos.

En el marco de la realización de este test, La Tercera advirtió a las autoridades del Senado, el martes pasado, sobre el incumplimiento en que se encontraba en este tema. A partir de entonces y por primera vez desde la puesta en marcha de su plataforma web, se han comenzado a publicar algunas resoluciones y oficios de la Comisión de Etica que atañen a senadores (ver nota página 6).

La Cámara, en tanto, en el actual período ha mantenido una política de transparencia en las resoluciones de su instancia disciplinaria, incluso en casos que implican sanciones.

El tema molestó a algunos diputados al verse expuestos al escrutinio público. Pero el mecanismo es apoyado por otros, que consideran que la transparencia ayuda a inhibir acciones que son reprochadas por la ciudadanía. En la última elección, cuatro diputados sancionados no fueron reelegidos.

En tanto, la próxima semana, la Comisión de Etica de la Cámara resolverá el caso de la independiente Marta Isasi, a quien un ex asesor acusó de recibir dineros de una empresa pesquera durante el debate de la Ley de Pesca.

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Algunos parlamentarios dicen en broma que lo que ocurre en las comisiones de régimen interno de la Cámara o de régimen interior del Senado, queda siempre al interior de esas mismas comisiones.

La Ley del Congreso les asigna a estas comisiones la misión de supervigilar el orden administrativo e interno de los servicios de cada corporación. Esto implica visar contrataciones, nombramientos, definir la construcción de nuevos espacios, compras y en algunos casos, asuntos reglamentarios. En estas instancias se han tomado medidas como la adquisición de tablets o la construcción de un nuevo comedor de la Cámara, que finalmente no se concretaron por resistencia de la opinión pública. Pero hoy el trabajo de estas comisiones va más allá de lo administrativo. Por ejemplo, en esta instancia de la Cámara se resolverá el proyecto de ley para multar a aquellos diputados que  no asistan a sesiones de sala sin justificación.

Sin embargo, ambas ramas del Congreso mantienen casi en total reserva el trabajo de estas comisiones.

En la secretaría del Senado sostienen que en la medida que las decisiones de la comisión de régimen están reguladas por ley de transparencia, se publican en la página web. En la Cámara precisan que ello se puede constatar en link de compras públicas o llamados a concursos.

Pese a ello, los temas que aborda la comisión de régimen siguen siendo un misterio. En el Senado difunden los días que hay reunión y quiénes asisten, pero al detallar el tema, se consigna la frase "asuntos de su competencia". La Cámara, en tanto, ni siquiera publica cuándo hay reuniones.

ASESORES DE SENADORES Y DIPUTADOS

Un tema jurídicamente complejo para la Cámara ha sido la divulgación de los antecedentes sobre el personal de apoyo (asesores) de los diputados.

Desde 2010, el Congreso viene implementando un nuevo sistema de contratación del personal de los parlamentarios, que anteriormente eran considerados empleados privados de cada legislador. Pero ahora, con la nueva modalidad, estos asesores han pasado a ser contratados por el Congreso.

La Ley de Transparencia 20.285 obliga a ambas ramas del Parlamento a publicar "la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones", por lo que los asesoresparlamentarios estarían regidos  por este principio.

En la Cámara de Diputados, sin embargo, los datos de los asesores no se publican. En defensa de esa decisión, en la Cámara Baja sostienen que, por tratarse todavía de empleados privados, no tienen obligación de dar a conocer sus antecedentes.

Según afirman autoridades de esa corporación, este tema recién quedaría resuelto en marzo de 2014, cuando se comiencen a firmar los contratos del nuevo períodoparlamentario, que deberán incorporar la obligación legal de difundir los datos de los asesores.

El caso del Senado es completamente distinto. Ahí la información de los asesores de senadores y bancadas es detallada en la página web. Los antecedentes son publicados por senador, mes y año, individualizando nombre del colaborador, función, calidad jurídica (honorarios o contrato de trabajo) y el monto de su remuneración.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Es uno de los temas en que el Senado y la Cámara aprueban, pero con algunas dudas. Según la Ley del Congreso, ambas ramas deben tener una comisión revisora de cuentas, encargada de  examinar y aprobar las cuentas de gastos. Esta instancia tiene directa relación con la ejecución presupuestaria que, a través de su respectiva tesorería, se debe informar mensualmente al Ministerio de Hacienda.

En sus portales institucionales, ambas corporaciones mantienen actualizada la información de su ejecución presupuestaria.

El Senado, sin embargo, no difunde  los informes, acuerdos, actos o proposiciones que realiza la comisión revisora de cuentas, a  pesar de que es una pieza importante del sistema de control interno de la corporación.

En subsidio, el Senado publica una auditoría anual, realizada por una empresa externa, de su ejecución presupuestaria que es transparentada en su sitio web.

Al ser consultada por este tema, la secretaría del Senado señala, que tal como dispone la ley,  "las cuentas del Congreso Nacional serán públicas y una síntesis de ellas se publicará anualmente en el Diario Oficial" y agrega que ese "mandato se ha cumplido rigurosamente hasta la fecha".

En el caso de la Cámara, tampoco existe mucha información del trabajo de la comisión revisora de cuentas. Sin embargo, en la página web figuran los informes anuales que aprueba esta instancia, que son sometidos a consideración de la sala.

Además, en la Cámara agregan que la publicación del resumen en el Diario Oficial se realiza todos los años.

INFORME DE FISCALIZACION

Un cronograma preciso contempla el Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria para que la Cámara y el Senado revisen los resultados del proceso de fiscalización al uso de asignaciones parlamentarias.

Así, el Comité de Auditoría -que supervisa el uso de recursos públicos en el Congreso- debe enviar un informe antes del 30 de junio de cada año. El reglamento dispone que las respectivas instancias del Senado y la Cámara revisen este reporte y que luego, "la mesa de cada corporación dispondrá la publicación en el sitio electrónico de las auditorías contenidas en el informe anual".

En el caso del Senado, ni siquiera el informe del año pasado había sido publicado. Sin embargo, luego del examen realizado por La Tercera, la autoridades de la corporación subieron a la web los recuentos de los períodos 2011-2012 y 2012-2013.

En el informe del año pasado referido al Senado hubo nueve problemas detectados, pero nunca se individualizó a los senadores involucrados. En el último período hubo sólo dos observaciones menores, posteriormente aclaradas, que afectaban a los senadores Alberto Espina (RN) y Jaime Quintana (PPD).

La Cámara, en tanto, divulgó el año pasado el informe de fiscalización 2011-2012, donde salía cuestionado el diputado UDI Pedro Pablo Alvarez Salamanca, por el uso de su sede distrital. El caso fue elevado a la Comisión de Etica, donde el diputado logró aclarar el punto objetado.

Este año, sin embargo, la Cámara aún no da a conocer el resultado de las últimas auditorías a diputados, que fueron informadas hace cuatro meses por el comité.

SOLICITUDES DE INFORMACION

Aunque no estaba en el examen original dispuesto por Reportajes, organizaciones vinculadas al tema transparencia plantearon sus reparos sobre el sistema para solicitar información que ofrecen los portales de internet de las dos ramas del Congreso.

Ambas corporaciones regulan este tema, que es definido como transparencia pasiva (es decir, información que se entrega a requerimiento de un tercero) mediante reglamentos.

El problema que constató también La Tercera  es que la vía para solicitar información no es completamente clara en el caso de la Cámara.

Para requerir información, un ciudadano debe ingresar al link "Contáctenos", que despliega un formulario para ingresar datos. El formulario, sin embargo, no está diseñado para requerir información y ofrece dos alternativas de contacto: "consulta" o "aporte a la discusión legislativa".

Si bien el requerimiento de información es tramitado, independiente de que sea enviado como "consulta" o "aporte", el sistema resulta confuso para el usuario.

En el caso del Senado, el procedimiento está mejor señalizado como "solicitud de información". Igualmente, publica el reglamento que se aplica para estas peticiones.

El problema del Senado, sin embargo, es que no ofrece un mecanismo para apelar, como dice su reglamento. En esa situación, el caso lo asume la Comisión de Etica de la corporación. Por lo tanto, el usuario está obligado a ingresar una nueva solicitud y plantear que se trata de un apelación de un anterior requerimiento.