Tras cuatro años Congreso aprueba ley que permite a discapacitados rendir la PSU y el Simce

<p>El proyecto establece que medicamentos cuenten con rotulación Braille, que personas postulen al aparato público en igualdad de condiciones, entre otras obligaciones.</p>




Tras cuatro años de tramitación, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

La nueva legislación convierte en ley el que los medios de comunicación deberán utilizar subtitulado oculto y lengua de señas en campañas de servicio público, propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales. Asimismo, que medicamentos, alimentos de uso médico y cosméticos deberán contar con rotulación en lenguaje Braille que informe el nombre del producto, fecha de elaboración y vencimiento.
 
Además que la totalidad de los medios de transporte público deberán realizar las modificaciones necesarias para asegurar el acceso de personas con discapacidad, consagrar el deber del Ministerio de Educación de considerar a los alumnos con necesidades especiales en el Simce y la PSU.

El proyecto establece, asimismo, que los edificios de uso público existentes a la fecha de publicación de la Ley deberán ser accesibles para personas con discapacidad, dentro de un plazo de 3 años desde que se dicte su reglamento, y que todos los procesos de selección para acceder a educación, capacitación o empleo deberán contar con exámenes adaptados para personas con discapacidad.
 
También obliga al Ministerio de Vivienda a contemplar subsidios especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a las personas con discapacidad. En cuanto a los establecimientos educacionales: deberán hacer las adecuaciones curriculares, en infraestructura y materiales de apoyo para el acceso y permanencia de las personas con discapacidad.
 
En tanto, en los procesos de selección de personal de la Administración del Estado y sus organismos, municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, en igualdad de condiciones de mérito deberán seleccionar preferentemente a personas con discapacidad.

"A través de esta normativa nuestro país cuenta con un nuevo marco jurídico e institucional en materia de discapacidad, lo que nos permitirá avanzar en la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la participación y accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del quehacer social, político y cultural del país", dijo la ministra de Planificación, Paula Quintana.

Las medidas aprobadas beneficiarán al 12,9% de la población que vive con algún grado de discapacidad, señalan en el Mideplan. La moción modifica la Ley N° 19.284, creada en 1994.

De acuerdo a estadísticas de Fonadis, en Chile más de dos millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, lo que representa el 12,9% de la población total. De ellas, cerca de un millón tiene graves dificultades para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse y superar las barreras que plantea el entorno.

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