Tras más de un año de tramitación Congreso despacha Ley de Pesca

Tras más un año de iniciada su tramitación el Congreso despachó este miércoles el proyecto de Ley de Pesca, iniciativa que reemplazará a la legislación actual, que caduca el 31 de diciembre y que tuvo una vigencia de 10 años.

Ello luego que con 23 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta, que anteriormente resolvió los 10 puntos de controversia que se generaron entre la Cámara de Diputados y la Cámara Alta.

Entre las modificaciones más relevantes que establece la iniciativa destaca la licitación del 15% de la cuota industrial cuando una pesquería alcance el 90% de su Rendimiento Máximo Sostenible, en cuotas de 5% anual en tres años.

Respecto a este punto la Comisión Mixta acordó en conjunto con el Ejecutivo una fórmula para zanjar uno de los temas más polémicos que fue la norma transitoria que establece la licitación a todo evento del 15% de la fracción industrial, dejando fuera todas las pesquerías colapsadas, es decir, la merluza común, el jurel, el congrio y la merluza austral.

Para que se verifique esta situación se deben establecer previamente los Puntos Biológicos de Referencia (PBR), los que deberán ser determinados durante los primeros dos años por los Comités Científicos Técnicos, una vez que entre en vigencia la nueva Ley.

Dichos comités reemplazarán al Consejo Nacional de Pesca que hasta ahora definía las cuotas anuales de pesca.

En materia de patentes se aumentó de 3,3% a 4,2% del valor comercial de las especies con el fin de asegurar los ingresos del Estado, evitando así que se produzca una baja en estos ingresos por la disminución en la cantidad de captura.

También se aprobaron las licencias transables de pesca por 20 años renovables.

Otros de los acuerdos que alcanzó la iniciativa tiene que ver con la definición del rol del Estado sobre la soberanía de los peces, respetando los derechos de soberanía y jurisdicción en la Zona Económica Exclusiva y de la Plataforma Continental.

En tanto el Tribunal Constitucional deberá analizar un requerimiento por incumplimiento durante la tramitación del proyecto de Ley de Pesca de las normas del convenio 169 que impone al Estado la obligación de realizar consultas y de respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios, presentado el Senador Eugenio Tuma y el diputado Manuel Monsalve.