Traspasan predios por $ 2.460 millones a comunidad indígena

"No quiero más guerra. Ahora me voy a retirar a contemplar cómo todo esto se convierte en miseria después de 103 años en que estas tierras fueron trabajadas con esfuerzo por mi familia". Con estas palabras describió ayer el agricultor Jorge Luchsinger la desazón que, según él, sintió al estampar su firma en el contrato de compra-venta de cinco de sus predios, los que serán traspasados a la comunidad mapuche Juan Catrilaf II, del sector Yeuteko, en Vilcún.

En total, el agricultor cedió a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) un total de 460 hectáreas, repartidas en los fundos San Miguel, Santa Herminia y Santa Margarita (además de dos hijuelas) ubicados al oriente de Temuco, por un total superior a $ 2.462 millones, lo que equivale a un avalúo de $ 5,3 millones por cada hectárea ó $ 535 por metro cuadrado.

Pese a que no quiso referirse a la negociación previa que sostuvo con el gobierno por la venta, el agricultor indicó que dichas tierras se encontraban en poder de su familia desde 1903, cuando su abuelo llegó a la zona para criar ganado y producir forraje.

EL ACUERDO
Con dicho trámite, las tierras se encuentran a escasas horas de pertenecer definitivamente a la comunidad Catrilaf II, que hasta ahora ocupaba terrenos aledaños. El acuerdo ya fue suscrito por el agricultor, sus hijos Christián y Carolanne, en su calidad de vendedores. Como beneficiarios de la compra firmaron Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Edgardo Ivan Catrilaf Llaupe y Nelson Catrilaf Quidel.

Ayer sólo restaba la rúbrica del director nacional de Conadi, Alvaro Marifil, como comprador.
Hasta la fecha, el agricultor había sido víctima de una treintena de ataques de tomas de terrenos, las que habían tenido gran impacto mediático. En agosto del año pasado sufrió el incendio de la casa patronal y una lechería en el fundo Santa Margarita, sumados al incendio de un centro de eventos, en 2002.

A ello se añadió más de un centenar de denuncias de la familia por amenazas y hostigamiento, lo que llevó a la justicia a decretar medidas de protección policial durante 24 horas diarias en favor de los predios y sus moradores desde el año 2002.

Tras la oficialización del documento, el agricultor advirtió: "Ganaron los que van a irse a la miseria, porque van a sembrar pura miseria aquí. No me refiero a nadie, pero es lo que va a suceder", dijo visiblemente molesto.
El abogado del particular, Carlos Tenorio, explicó que a los predios se suman derechos de aguas e inmuebles.