Tribunal español inhabilita por 11 años al juez Baltasar Garzón por escuchas telefónicas

El juez español Baltasar Garzón fue condenado hoy a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, al ordenar en 2009 escuchas telefónicas entre acusados y sus defensas en el marco del llamado "caso Gürtel", la trama de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años.

La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su arista legal en otro tipo de delitos es más difuso.

El magistrado estaba suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010, a raíz de esta causa y de otras dos abiertas contra él, por tratar de investigar los crímenes del franquismo y por los patrocinios de unas conferencias que ofreció en Nueva York.

En una dura sentencia, los jueces afirman que Garzón "causó una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa" de los acusados.

Dicen que colocó a "todo el proceso penal español... al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados...admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa".

Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.

En este proceso, la acusación estuvo ejercida por los propios abogados que habían sido víctimas de las escuchas, mientras que la Fiscalía pedía su absolución. La parte acusadora solicitaba hasta 17 años de inhabilitación, pero la Suprema dejó la condena en 11.

Con la resolución de hoy, el Tribunal Supremo sepulta prácticamente la carrera judicial de Garzón, de 56 años, quien adquirió notoriedad internacional al gatillar la detención de Augusto Pinochet en Londres.

ABATIDO Y DOLIDO
Tras el fallo, el abogado del magistrado, Francisco Baena dijo a la agencia AFP, que su cliente estaba "abatido y dolido". Aseguró que la inhabilitación profesional "es tanto como una muerte".

"Es la muerte de un profesional", consideró Baena. "Decirle a un juez que  no puede ser juez es tanto como una muerte", agregó sobre una sentencia que  significa de hecho el fin de la carrera del magistrado.

"El señor Garzón está ahora tremendamente abatido, dolido", aseguró,  precisando que le corresponde a su cliente decidir si apelan a esta sentencia  ante el Tribunal Constitucional español o ante la justicia internacional.

El Tribunal Supremo, que juzgó a Garzón por su condición de aforado, es la  última instancia de la justicia española, y no cabe por tanto la posibilidad de  apelar pero el juez puede pedir el amparo del Tribunal Constitucional si  considera que se han vulnerado sus derechos. "Si decidimos recurrir (...) el Tribunal Constitucional va a reparar este  entuerto. Soy optimista", confió Baena.

"Pero en el improbable caso de que no estimaran nuestras pretensiones,  acudiremos, si así lo decide el señor Garzón, al Tribunal Europeo de Derechos  Humanos", agregó.