Tribunal supremo de Pakistán procesará por desacato al primer ministro

El Tribunal Supremo de Pakistán anunció hoy que procesará por desacato al primer ministro, Yusuf Raza Gilani, que de ser encontrado culpable podría ser condenado a una pena de prisión y verse obligado a abandonar la jefatura de gobierno. La corte citó a Gilani el próximo 13 de febrero para que sean presentados los cargos contra él.

"Tras la vista preliminar, existen pruebas suficientes en principio para seguir con las audiencias", declaró el magistrado Nasir-ul-Mulk.

El tribunal se refiere al supuesto incumplimiento de Gilani de una orden judicial de 2009 que buscaba reabrir casos de corrupción de altos cargos políticos, entre ellos del Presidente y colega de partido del primer ministro, Asif Ali Zardari.

Este veredicto del Supremo derogaba una amnistía de 2007 que favoreció a cientos de políticos y permitió la vuelta del exilio de la ex primera ministra Benazir Bhutto -asesinada luego en un ataque suicida- y su viudo, Zardari.

La amnistía, aprobada por el régimen del general Pervez Musharraf bajo presión de Estados Unidos, supuso que se cerraran casos contra la cúpula del ahora gobernante Partido Popular (PPP), incluida una causa por supuesto blanqueo de capitales de Zardari en Suiza.

Tras este acuerdo secreto, el Gobierno de Musharraf se retiró como parte civil en los casos abiertos en otros países contra políticos paquistaníes o bien pidió que se cerraran, como sucedió con Suiza, que accedió a ello.

El Supremo, dirigido por el hiperactivo Iftikhar Chaudhry, ha insistido en que Gilani debe enviar una carta a Suiza para solicitar que se reabra el caso contra el presidente, algo que el gobierno rehúsa hacer porque entiende que este tiene inmunidad.

Ante la negativa del PPP, la corte convocó a Gilani el mes pasado para que diera explicaciones y hoy comunicó su intención de procesarlo, aunque aclaró que si el gobierno cumple con su veredicto sobre la amnistía, dará carpetazo al caso.

El abogado de Gilani, el influyente Aitzaz Ahsan, explicó que la decisión judicial de hoy puede ser apelada. "La recomendación a mi cliente es que apele, pero él debe decidir", amplió en declaraciones a la salida de la corte.

Si Gilani fuera declarado culpable, podría enfrentarse a una condena de hasta seis meses de cárcel y también perder su acta de diputado, algo que habilitaría al Parlamento para votar su cese y escoger otro primer ministro.

El Supremo ha recibido críticas del PPP por extralimitarse en sus funciones y hacer frente común con el Ejército para arrinconar al gobierno, algo a lo que Ahsan pareció hoy referirse al recordar que la corte no se ha atrevido a procesar nunca a ningún militar.

MEMOGATE
En manos de la corte hay otro caso que ha adquirido la dimensión de culebrón político, y que enfrenta al estamento castrense con el gobierno: el bautizado como 'memogate', que desde noviembre ha amenazado con tumbar al Ejecutivo.

Se trata de una supuesta carta en la que el Gobierno del PPP pedía ayuda al Pentágono por miedo a que el Ejército organizara un golpe de Estado tras la muerte de Osama Bin Laden a manos de comandos estadounidenses en mayo pasado al norte de Islamabad.

El Ejército interpretó el documento -cuya veracidad niega el Gobierno- como un caso de deslealtad y el Supremo abrió un caso tras atender a las quejas de los generales, que han gobernado durante más de la mitad de la historia de Pakistán.

La actual legislatura expira a principios de 2013, pero fuentes diplomáticas y analistas creen que la forma más viable de desatascar la actual crisis institucional es un adelanto electoral.

El mismo Guilani apuntó recientemente que su gobierno está abierto a hablar sobre el calendario electoral después de la presentación de los presupuestos generales, en mayo.

Pero de momento la atención se centra en el juicio que debería empezar el día 13 y en si el gobierno enviará finalmente la carta a Suiza para que reabra la causa contra Zardari.

El escrito es un requisito indispensable para que se reanude el caso pero fuentes judiciales puntualizan que las autoridades suizas no están obligadas a hacerlo.