Tribunal Supremo de Venezuela ordena a manifestantes pedir permiso antes de marchar
El Supremo determinó tras una interpretación constitucional que el derecho a la protesta "no es absoluto y, por ende, admite restricciones".
La justicia venezolana determinó que los venezolanos que deseen manifestarse pacíficamente deberán pedir autorización a los gobiernos locales para evitar que las fuerzas del orden los dispersen, en medio de la peor ola de protestas antigubernamentales en más de una década en el país petrolero.
Desde febrero, miles se han lanzado a las calles para protestar contra la gestión de Nicolás Maduro, heredero del fallecido Hugo Chávez, a quien culpan de la altísima inflación, las filas para comprar comida y el hampa desatada.
Si bien la intensidad de las protestas ha disminuido gradualmente, todavía persisten focos en las principales ciudades donde casi a diario se producen manifestaciones y bloqueos de vías, que terminan con enfrentamientos entre policías fuertemente armados y manifestantes encapuchados.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó tras una interpretación constitucional que el derecho a la protesta "no es absoluto y, por ende, admite restricciones".
El órgano dijo que las personas deben "agotar el procedimiento administrativo de autorización", o que de lo contrario, se exponen a que los cuerpos policiales los dispersen para asegurar el derecho al libre tránsito.
La interpretación fue realizada a solicitud de un alcalde del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La norma fue rápidamente criticada por la oposición.
"Todos los venezolanos, incluso con esa sentencia del TSJ, tienen derecho a la protesta pacífica que establece la Constitución y punto", escribió el líder de la oposición Henrique Capriles en su cuenta de Twitter.
"Mientras exista este caos y tantos problemas sin respuesta, nuestro pueblo seguirá en la calle protestando, con o sin TSJ", agregó el joven político que perdió por escaso margen las elecciones presidenciales de abril del 2013 contra Maduro.
Aunque los líderes opositores han insistido desde el inicio del conflicto que las protestas no deben requerir autorización previa, los aliados de Maduro en las alcaldías han negado permisos y prohibido, con ayuda de las fuerzas de seguridad, la entrada a su jurisdicción de marchas opositoras.
El TSJ además establece que quienes presentan las solicitudes de manifestación están expuestos a responsabilidades penales y jurídicas en caso de desobediencia.
En otra decisión presentada tarde el jueves, el TSJ determinó que el alcalde del municipio capitalino de Chacao, el opositor Ramón Muchacho, deberá evitar que haya obstáculos en las vías públicas en su jurisdicción, uno de los focos principales de las protestas.
Dos alcaldes opositores perdieron sus puestos y fueron enviados a la cárcel luego de que el Tribunal determinó que no hicieron lo suficiente para sofocar las manifestaciones en las últimas semanas.
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