Tsunami: fiscalía envía datos a justicia naval y descarta más formalizaciones

El 25 marzo de próximo se cumple el plazo de investigación fijado para el denominado caso tsunami. En esa oportunidad, se reformalizará a los imputados y se discutirán sobreseimientos pedidos por algunas de las defensas. En la antesala a esta importante audiencia, la fiscal regional Solange Huerta, quien indaga las responsabilidades por la alerta fallida de maremoto el 27 de febrero de 2010, se reunió ayer por la tarde con los abogados que representan a las víctimas de esta tragedia.

En la cita, la investigadora les informó que se declaraba incompetente de indagar las eventuales conductas constitutivas de delito cometidas esa madrugada por personal de la Armada. Por tal motivo, explicitó la jefa regional a los querellantes, enviará la próxima semana a la justicia naval los antecedentes de conductas que pueden ser constitutivas de delitos y/o faltas administrativas.

Este envío de datos de la causa se produce debido a la calidad de uniformados de los involucrados. Será entonces esta sede judicial, a cargo de la Armada, la que determine si miembros de sus filas incurrieron o no en delitos durante la madrugada del terremoto del 27 de febrero de 2010.

Entre los antecedentes que enviará la fiscalía a la justicia marcial están los testimonios que sindican al jefe de la II Zona Naval de Talcahuano, Roberto Macchiavello, como una de las autoridades que descartó el riesgo de tsunami en las costas del país. Asimismo, detallaron fuentes de la causa, se enviarán diligencias que involucran a las capitanías navales de Juan Fernández, Pichilemu, Constitución y Talcahuano. En estos lugares, según la indagatoria y los dos informes de la Policía de Investigaciones (PDI), hay registro de marinos que en la catástrofe abandonaron puestos de servicio, que nunca se presentaron en el lugar e incluso, de algunos que no prestaron ayuda a la población.

LOS CIVILES Y EL SHOA
Otro de los puntos abordados por la fiscal Solange Huerta con los querellantes del caso fue la decisión que adoptó respecto de que no se formalizará a más personas en esta investigación.

Si bien en algún momento se analizó que podrían existir responsabilidades penales en las actuaciones de autoridades locales, luego de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó que, a su juicio, los únicos que tuvieron toda la información disponible esa madrugada para decretar alerta de maremoto son los ocho imputados del caso. En la indagatoria están formalizadas ocho personas, entre ellas, el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández y el jefe del Shoa Mariano Rojas.

La Fiscalía Occidente determinó que ningún intendente ni alcalde ni otra autoridad de las zonas afectadas tuvo información como para imputarle el cuasidelito de homicidio de quienes no fueron evacuados oportunamente esa noche. Con esto se descartó más formalizaciones.